El campo sin restitución ni sustitución

La hoja de ruta del nuevo ministro de Agricultura, Andrés Valencia —el doble colombiano de Barton Fink—, tiene lo mejor y lo peor del uribismo de papel. Durante las últimas semanas, Valencia ha presentado en foros y eventos públicos los cinco puntos de su política agraria: construir vías de comunicación, adecuar tierras, buenas prácticas y productividad, ordenamiento de la producción, conexión a mercados y aprovechamiento de los TLC.

El uribismo de papel, es decir, el presentable, el que se vende a los organismos internacionales, con funcionarios honestos (no los Santoyo, los Arias y otros buenos muchachos), es de un conservatismo clásico que posa de liberalismo. Mejor: es ese liberalismo que no puede distinguirse del conservatismo. Es la tecnocracia.

No necesariamente es malo. Construir vías de comunicación es lo primero que debe hacerse para recuperar las zonas de producción agrícola, y la desconexión del campo con los mercados es el principal abono para los cultivos ilícitos.

La adecuación de tierras, por otra parte, no es un proyecto del uribismo, sino del santismo. Es la continuación de un programa de riego diseñado por el gobierno anterior.

El fomento de las buenas prácticas y de la productividad es una clásica propuesta tecnocrática. Coordina Gobierno, productores y vendedores de semillas para reducir la volatilidad en los precios y estructurar mejor los tiempos de las líneas de crédito. La propuesta es necesaria, pero más dirigida a regiones rurales sin graves problemas de orden público que a las críticas.

El aprovechamiento de los TLC, por último, es algo cínico, pues han pasado 16 años desde que el gobierno Uribe puso a Colombia en una carrera de firmas, y hasta ahora se piensa en cómo aprovecharlas. ¿Por qué no se hizo antes? Porque se descuidaron. No hubo avances en adecuación de los requisitos fitosanitarios y no había suficiente seguimiento a las violaciones del TLC hechas por otros países en sus programas de subsidios.

Eso no es culpa de Valencia, claro. Lo que sí resulta desafortunado es que en todos sus planes no haga ninguna mención a la restitución de tierras ni al primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc; y que hable tan sólo de paso sobre la sustitución de cultivos ilícitos, como si fueran temas menores.

Es claro que el nuevo Gobierno ha sacado de su lenguaje al Acuerdo de Paz. Si se cumple, o lo que se cumpla, será de carambola. El Gobierno ha dado a entender que dentro de sus políticas se atacan los principales problemas de desarrollo agrario, así que no hay por qué hablar del acuerdo en detalle.

La sustitución de cultivos ilícitos no parece ser una prioridad en su agenda, pero como dije más atrás, el construir vías terciarias y conectar a los productores de las regiones cocaleras a los mercados, en el largo plazo, es una condición para sustituir cultivos ilícitos. Falta que las políticas se ejecuten y no queden en propuestas.

Finalmente, la restitución de tierras ni siquiera se menciona. No es de extrañar. Ni en el uribismo de papel ni en el de sombras hay lugar para el más importante proceso de compensación a las víctimas del conflicto armado colombiano. Si ni siquiera se contempla esto como una prioridad, al tiempo que masacran a los reclamantes de tierras en las zonas rurales, ¿qué justicia puede esperarse con respecto a los robos de tierras que se dieron durante 25 años de guerra?

La política del actual Ministerio de Agricultura, si bien en ciertos aspectos es sensata, carece de una dimensión humanitaria. Colombia se halla en una etapa de transición; pretende salir de un conflicto armado y restituir a sus víctimas. El Ministerio de Agricultura no parece ser consciente de ello o no parece importarle.

Twitter: @santiagovillach