En medio del alud de acontecimientos que estremecen a la opinión pública, el tema del tercer canal privado de televisión dejó de ocupar la atención de los medios.
Tal vez por esa razón no se registra la lenta, pero cada vez más perceptible agonía de la respectiva licitación.
El proceso de adjudicación se suspendió porque el Consejo de Estado encontró que una de las disposiciones del pliego de condiciones violaba abiertamente el ordenamiento jurídico. Pero, en el entretanto aparecen otras sombras.
En primer lugar, las frecuencias previstas para el tercer canal no están disponibles. Durante el gobierno pasado el Ministerio de las TIC y la CNTV se apresuraron a acomodar como fuera al canal en una de las mejores frecuencias para la trasmisión de señales de televisión. Así, no tuvieron ningún inconveniente en despojar al canal regional TV Andina (Canal 13) de sus frecuencias con la disculpa de que se le asignarían otras para que éste se convirtiera en el primer canal de televisión enteramente digital en Colombia. Ese milagro, que ha debido suceder el mes pasado, finalmente no ocurrió. En su afán, el Ministerio y la CNTV pasaron por alto que esas otras frecuencias las utilizan las Fuerzas Militares y otras entidades que tampoco podían ser despojadas súbitamente, pues se causarían graves traumatismos a la seguridad nacional. Por esa razón, recientemente se tuvo que rediseñar toda la movida de frecuencias y sólo hasta el año 2013 sería posible que el tercer canal tuviera las frecuencias que requiere su operación.
En segundo lugar, las principales motivaciones de la reforma constitucional para la desaparición de la CNTV, tal como se lee en la exposición de motivos para su trámite en el Congreso, son la falta de trasparencia, independencia y eficacia de esta entidad, nada de lo cual ha mejorado con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. ¿Qué estarán pensando al respecto los representantes del Presidente de la República en la entidad, que aunque nombrados por Uribe, siguen representando al actual gobierno?
En ese escenario es indudable que la CNTV carece de legitimidad política —e incluso jurídica— para seguir sosteniendo un proceso de licitación que desde su origen fue enclenque.
En medio del alud de acontecimientos que estremecen a la opinión pública, el tema del tercer canal privado de televisión dejó de ocupar la atención de los medios.
Tal vez por esa razón no se registra la lenta, pero cada vez más perceptible agonía de la respectiva licitación.
El proceso de adjudicación se suspendió porque el Consejo de Estado encontró que una de las disposiciones del pliego de condiciones violaba abiertamente el ordenamiento jurídico. Pero, en el entretanto aparecen otras sombras.
En primer lugar, las frecuencias previstas para el tercer canal no están disponibles. Durante el gobierno pasado el Ministerio de las TIC y la CNTV se apresuraron a acomodar como fuera al canal en una de las mejores frecuencias para la trasmisión de señales de televisión. Así, no tuvieron ningún inconveniente en despojar al canal regional TV Andina (Canal 13) de sus frecuencias con la disculpa de que se le asignarían otras para que éste se convirtiera en el primer canal de televisión enteramente digital en Colombia. Ese milagro, que ha debido suceder el mes pasado, finalmente no ocurrió. En su afán, el Ministerio y la CNTV pasaron por alto que esas otras frecuencias las utilizan las Fuerzas Militares y otras entidades que tampoco podían ser despojadas súbitamente, pues se causarían graves traumatismos a la seguridad nacional. Por esa razón, recientemente se tuvo que rediseñar toda la movida de frecuencias y sólo hasta el año 2013 sería posible que el tercer canal tuviera las frecuencias que requiere su operación.
En segundo lugar, las principales motivaciones de la reforma constitucional para la desaparición de la CNTV, tal como se lee en la exposición de motivos para su trámite en el Congreso, son la falta de trasparencia, independencia y eficacia de esta entidad, nada de lo cual ha mejorado con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. ¿Qué estarán pensando al respecto los representantes del Presidente de la República en la entidad, que aunque nombrados por Uribe, siguen representando al actual gobierno?
En ese escenario es indudable que la CNTV carece de legitimidad política —e incluso jurídica— para seguir sosteniendo un proceso de licitación que desde su origen fue enclenque.