El cartel de la mezquindad

Es increíble que una noticia tan esperanzadora como la del acuerdo logrado en La Habana sobre la intervención en política de la insurgencia, haya sido recibida con tan mala voluntad por Uribe, el procurador Ordóñez, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y en general por la jauría de la ultraderecha.

Todas las voces que se han oído en contra no son ni siquiera pesimistas, sino argumentos baratos y desgastados. Que cómo se va negociar con el cartel de la droga más grande del mundo; que por qué se habilita de opositores a los terroristas; que los guerrilleros de las Farc serán premiados con curules en el Congreso; que no se definió con certeza cómo los insurgentes participarán en la vida política, etc. Todas esas expresiones hostiles contra la paz, paradójicamente provienen de quienes propiciaron la ultrajante ceremonia en la que los jefes paramilitares, liderados por Mancuso, llegaron al Congreso repleto de uribistas que los escucharon con reverencia digna de mejor causa. Esos mismos parlamentarios luego sacaron adelante la vergonzosa Ley de Justicia y Paz con la que se vistió de legalidad la audacia criminal del paramilitarismo que aún hoy sigue impune.

Pero, sin duda, la más absurda declaración fue la del procurador Ordóñez, para quien el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda del proceso de paz entre Gobierno y Farc no contiene nada nuevo, porque, según él, todo ya está en la Constitución y la ley.

Este procurador —que sigue sin comprender que es vocero de la sociedad colombiana y no del grupo político que preside su amigo Uribe Vélez— no le da importancia a que el acuerdo de La Habana tenga por norte respetar los “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final”. Este ampuloso jefe del Ministerio Público, siempre desinformado y mal instruido jurídicamente, no se ha tomado el trabajo de identificar la norma que en la Constitución o en la ley prevé un derecho tan claro, como el que se ha conciliado en La Habana. No la hay, y tampoco existe normatividad que garantice un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política” por quienes han estado al margen de la ley, que los proteja “sobre la base del respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión”.

El peor olvido de Ordóñez y de las gentes de su calaña, es no haber recordado la tragedia de la Unión Patriótica, el partido político de la izquierda que fue aniquilado por el paramilitarismo y agentes de un Estado cómplice. Pero claro, a alguien como el procurador le importan un comino esos muertos, porque no rezaban en la iglesia lefebvriana o no bebían del fanatismo laureanista; por eso no se ha preocupado de pedir que esos crímenes se declaren de lesa humanidad, esos sí claramente identificados como tales, porque significaron la desaparición sistemática de toda una corriente política.

Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no desperdició la oportunidad de lanzar otra provocadora declaración de tinte incendiario. Cada día parece ser más escudero de Uribe que ministro de Santos.

Mientras los pregoneros de la muerte y la violencia pretenden engañar a los colombianos ofreciéndoles más guerra, la comunidad internacional, por fortuna, sí apoya lo que está ocurriendo en La Habana.

Nadie puede asegurar que el proceso de paz terminará bien, porque además no sería extraño que “esos enemigos agazapados de la paz”, que jamás quiso identificar Otto Morales pero que presumimos quiénes son, promuevan actos terroristas que intimiden a la población y la lleven a pedir que cese el esfuerzo de La Habana. No sería la primera vez. Aun así, después de 60 años de conflicto armado, lo que no puede ocurrirnos es que ni siquiera lo intentemos ni estemos dispuestos a correr riesgos. Que se queden solos los chacales dándole vueltas a su visceral odio.

Adenda. Tiene razón Asonal Judicial. Que renuncien todos los magistrados del Consejo de la Judicatura. Por algo se empieza.