Por: Salomón Kalmanovitz

El combate a la corrupción

La corrupción en Colombia es endémica, pues se presenta con mayor intensidad en los períodos electorales, a partir del financiamiento privado de las campañas. Las grandes firmas constructoras financian las campañas presidenciales y legislativas a cambio de los contratos del Estado. Las empresas que son exoneradas de impuestos contribuyen generosamente a favor de las campañas de los políticos que las favorecen. Es por eso que el Centro Democrático siempre tiene sus arcas llenas para financiar sus campañas políticas e ideológicas.

El sistema político está basado en el clientelismo, que intercambia puestos, tejas, víveres y dinero por el voto a favor del político. Se le llama clientelismo de mercado porque es la forma moderna del viejo gamonalismo, que estaba basado en relaciones personales de patronazgo. El Consejo Nacional Electoral otorga curules si logra acuerdos entre los representantes de los partidos mayoritarios en contra de los partidos débiles. En otros países existen tribunales electorales administrados por jueces independientes.

La corrupción es también sistémica, pues permea todos los niveles de gobierno, aunque prevalezca más en las regiones en donde hay mayor debilidad del Estado y presencia de actores ilegales que capturan las transferencias que deben ir a financiar la salud, la educación y los programas sociales. También está presente en todos los organismos del Estado que son botín para determinados grupos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno, aunque en verdad esto no es necesario.

La esencia de la política democrática es la negociación entre los integrantes de coaliciones e incluso con la oposición, pero donde hay un compromiso de todos de no intervenir la burocracia profesional que administra el Estado. Se cambian las cabezas de Ministerios e institutos mas no se revuelca la nómina ni se subcontrata temporalmente a la mayor parte de los funcionarios, lo cual lleva a la magnífica ineficiencia y extendida corrupción que caracterizan la administración pública colombiana. El concepto de mermelada esconde la legitimidad de las negociaciones políticas que sólo se desvirtúan cuando llevan a la apropiación privada de recursos públicos, a elefantes blancos y a obras que benefician a los contratistas más que a los ciudadanos.

Para rematar, los entes de control y el aparato de justicia se manejan igual con base en el clientelismo de mercado, generando una proliferación de contralorías, defensorías y sus funcionarios que están lejos de vigilar al Estado; en las altas cortes existen magistrados que venden sentencias. No hay entonces una amenaza cierta contra la gran y pequeña corrupción que acompaña el funcionamiento del Estado. El resultado es que el crimen de la corrupción paga con creces.

El próximo 26 de agosto tenemos la rara oportunidad de expresar nuestro rechazo a la corrupción política en una consulta de siete puntos que busca rebajarles el salario legislativo a $20 millones mensuales e impedir que los legisladores se atornillen en sus curules; imponer penas privativas de libertad para la corrupción y la prohibición de contratar con el Estado a los culpables, así como la contratación trasparente con pliegos únicos y rendición de cuentas de los legisladores; por último, “hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés”. Sería conveniente, por ejemplo, conocer el patrimonio del senador Álvaro Uribe y de sus hijos.

Le puede interesar: Corrupción en Colombia: ¿Qué es lo que controla el Contralor?

 

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