Para Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992, los criminales son racionales. Es decir, delinquen si los beneficios son superiores a los costos. El economista estadounidense argumentaba que los seres humanos toman decisiones por un motivo, “que valoran pros y contras, barajan opciones y responden a incentivos, y que todos respondemos a múltiples estímulos e influencias”. Para el nobel, el crimen se explica por el costo: cuando delinquir es bastante más barato que operar en la legalidad, se opera por fuera de la ley. Por eso los ladrones y los asesinos, los narcotraficantes y los mineros ilegales, los proxenetas y los traficantes de personas son todos “actores racionales al margen de la ley que en el fondo quieren maximizar su bienestar como cualquier otra persona, pero por medios ilegales, toman decisiones”.
Becker decía que “existe una cantidad óptima de crimen en cada sociedad”. Como reseñaba una publicación especializada, “no es que a Becker no le gustara la utopía de un mundo sin delincuencia, algo que suena imposible pero que quizá pueda llegar a serlo, sino que el precio que tendrían que pagar los ciudadanos por algo así sería insoportablemente alto y, por tanto, no deseable”.
Se habrá preguntado usted, amigo lector, ¿por qué hay en Colombia más de 80 grupos, muchos arropados en mantas ideológicas, traficando narcóticos? ¿Por qué magistrados de la Judicatura siguen atornillados a sus puestos, a pesar de que sus períodos constitucionales vencieron? ¿Por qué dos candidatos a la Presidencia recibieron varias decenas de miles de millones de pesos en efectivo para ser elegidos y siguen tan campantes? ¿Por qué centenares de vándalos destrozan la propiedad pública y privada? ¿Por qué hay grupos que siguen paralizando el país, bloqueando con total impunidad el sector productivo, encareciendo la comida y el transporte para la totalidad de los colombianos? La razón es muy sencilla: porque el crimen sí paga.
La ley condena los conciertos para delinquir, pero los tolera. El artículo 340 del Código Penal determina que cuando un grupo de personas se reúnen para realizar actividades que van en contra de la ley, afectando a una o varias personas, no importando qué conducta realicen ni a quién, solo queriendo delinquir, serán penadas con prisión de 48 a 108 meses. Como es obvio, en Colombia esas penas son anecdóticas.
Aquí es oportuno traer a colación la reflexión de Ayn Rand: “Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada… entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada”. Con razón, según la encuesta de Invamer, más del 80 % de la población desaprueba la justicia en este país.
Apostilla. Aquellos que marcharon de manera pacífica en Cali el pasado martes 25 de mayo, y obviamente todos los que vieron la marcha en televisión, no pudieron observar a una sola persona encapuchada, ni con escudos, ni caretas, ni cascos, ni guantes. Y no pudieron observarlo porque la totalidad de los manifestantes, que no tenían razón para esconderse, tampoco tenían ninguna, absolutamente ninguna intención de cometer actos vandálicos. Por el contrario, en reciente tuit Gustavo Bolívar pide plata para dotar a los bloqueadores de Colombia Humana de escudos, caretas, cascos y guantes. ¿Acaso es que necesita don Bolívar todo este equipo para marchar pacíficamente?
