Por: Rodrigo Uprimny

El derecho a la protesta, el primer derecho

Así se llama un excelente libro del conocido profesor argentino Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta no es un derecho cualquiera, sino que debe ser considerado el primer derecho, por cuanto es aquel que “nos permite mantener vivos los demás derechos”. Es una reflexión muy pertinente teniendo en cuenta que el próximo jueves 21 está convocado el paro nacional.

Uno puede discutir si Gargarella tiene razón o no en que la protesta sea el primer derecho, pues existen otros que tienen un estatus y una función semejantes, como los derechos de acceso a la justicia o de ciudadanía. Pero independientemente de esa discusión, que dista de ser irrelevante, Gargarella tiene razón en que la protesta es uno de los derechos más importantes de cualquier democracia.

Si los ciudadanos no tenemos garantizado en forma robusta nuestro derecho a protestar, entonces nuestros demás derechos estarían en serio peligro, pues no habría forma de reclamar frente a los atropellos sufridos ni de demandar nuevos derechos. Además, la democracia se marchitaría, pues las protestas la dinamizan y revitalizan, ya que permiten que las insatisfacciones ciudadanas y las esperanzas de futuros mejores se expresen y que, de esa manera, los conflictos sociales puedan ser tramitados pacíficamente.

Este jueves, como millones de colombianos, saldré a protestar. Las razones sobran: este Gobierno está haciendo colapsar la paz, no protege adecuadamente a los líderes sociales ni a los resinsertados, ha deteriorado torpemente nuestras relaciones internacionales, preserva los privilegios tributarios de los poderosos, etc. Pero si usted tenía alguna duda, este solo hecho debería llevarlo a las calles: el bombardeo militar “impecable” (el calificativo fue del presidente) en el que un número aún indeterminado de menores fueron sacrificados por mostrar un resultado militar deleznable, sin que el presidente haya mostrado la mínima compasión frente a la muerte de estos niños y adolescentes.

Saldré a protestar pacíficamente porque tengo claro que, por fundamental que sea, la protesta tiene límites e implica responsabilidades, tanto de quienes protestamos como de las autoridades. Cuando los manifestantes tienen garantizado su derecho a expresarse pacíficamente, las protestas no deben ser excusa para acciones violentas. Y si algunos manifestantes incurren en violencias, eso no autoriza a las autoridades policiales a reprimir indiscriminadamente la protesta, sino que deben preservar el orden y los derechos de terceros haciendo un uso cuidadoso y proporcionado de la fuerza.

Una de las mejores pruebas de que estamos frente a una democracia genuina es entonces que el Gobierno garantice ampliamente el derecho de sus ciudadanos a protestar y expresar sus insatisfacciones, en especial si es contra el propio Gobierno. Y que sea capaz de escuchar esas voces disidentes y plurales de las calles y haga esfuerzos genuinos por canalizar sus demandas. Por eso indignan a cualquier demócrata aquellos gobiernos que reprimen desproporcionadamente las protestas sociales, sin importar si se autoproclaman de izquierda, como Venezuela o Nicaragua, o de derecha, como el actual gobierno chileno. Y también indigna la forma como el Centro Democrático ha estigmatizado el paro nacional del jueves, argumentando, sin pruebas, que estaría infiltrado por terroristas. Exactamente la misma excusa que usan Maduro y Ortega para reprimir con violencia las manifestaciones en su contra.

La reacción del Gobierno frente a esta protesta masiva del jueves será entonces la prueba ácida de si tiene o no talante democrático.

*Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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2019-11-17T00:00:31-05:00

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