Por: Arlene B. Tickner

El fantasma de la guerra contra las drogas

En apariencia, el “llamado global a la acción en el problema mundial de la droga” que inauguró Donald Trump dentro del marco de la reunión de la Asamblea General de la ONU, con la participación de unos 129 países, es un acierto diplomático. Crea la doble ilusión de consenso entre la mayoría de los miembros de Naciones Unidas acerca del flagelo de los narcóticos y de protagonismo estadounidense en la búsqueda de soluciones, en las cuales se intuye que Colombia —cuyo nuevo presidente fue elogiado de nombre por Trump— tendrá un papel especial.

El problema es que esta jugada —en buena medida mediática— plantea implícitamente el retorno de la anacrónica guerra contra las drogas, con Estados Unidos a la cabeza. Además de elogiar las brutales tácticas antidrogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, el actual ocupante de la Casa Blanca ha propuesto la pena de muerte para narcotraficantes e impuesto el retorno del gobierno federal a políticas punitivas que se creían cosa del pasado, en contraposición a la tendencia creciente a la liberalización y la legalización de la marihuana a nivel estatal. Tal vez en anticipo a lo que puede venir, el secretario general de la ONU y ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, recordó —luego del agradecimiento protocolario a Trump— los logros que ha tenido su país como consecuencia de la descriminalización de las drogas.

En simultánea con el evento neoyorquino, la Comisión Global de Políticas de Drogas —en la que participan 12 exjefes de Estado (¡incluyendo a César Gaviria!)— lanzaba en México un informe que resalta el fracaso del sistema internacional de control de drogas y la necesidad de adoptar una “regulación responsable” y escalonada, acorde con la peligrosidad de cada sustancia para la salud pública. A la luz de décadas de evidencia empírica que ha mostrado que el paradigma prohibicionista no solo ha sido un fracaso sino que ha generado un sinnúmero de efectos indeseables —estigmatización y criminalización de consumidores y cultivadores, violación de los derechos humanos, empoderamiento de los grupos criminales, aumento de la violencia, sobrepoblación de las cárceles, desplazamiento de las actividades ilegales (efecto globo) y absorción del gasto público—, la propuesta de la Comisión apunta a tomar control estatal de los mercados ilícitos con miras a aminorar el poder criminal, mejorar la salud pública y liberar recursos escasos, entre otros beneficios.

Bolivia y Perú, así como India y Turquía, tienen una experiencia acumulada con la regulación responsable de coca y opio, respectivamente, que ha permitido consolidar la producción legal sin aumentar el área cultivada, y con efectos positivos sobre el narcotráfico, la violencia y el bienestar de las comunidades cultivadoras.

No en vano, el próximo presidente de México, AMLO, ha prometido considerar una política similar. En el caso colombiano, no solo hay empresas dedicadas a la industrialización de la coca, sino que las innovaciones del país en cannabis medicinal le han ganado la mayor cuota de producción legal en el mundo, otorgada por la JIFE. Es decir, por más que se asome el asustador fantasma de la guerra contra las drogas, y pese al infeliz viraje de 180 grados que Iván Duque quiere darle al tema, crecen los ejemplos de políticas más inteligentes, incluso en Colombia.

 

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