Poco coherente con su compromiso climático, el Gobierno firmó contratos con empresas petroleras para operaciones de fracking, mientras le apuesta a la disminución del 51 % de las emisiones en Colombia para el 2030, según pactó en el Acuerdo de París.
De acuerdo con las proyecciones, en 2015, la industria de los hidrocarburos generaba en Colombia del 15 % al 35 % del sector de energía, es decir, más de 23.000 toneladas de CO2 equivalentes. Por lo que, en caso de abrirse esta nueva frontera, aumentarán exponencialmente las emisiones y Colombia generaría una bomba de gases de efecto invernadero (GEI), provocando no solo el aceleramiento de la crisis climática, sino que además traería consecuencias ambientales preocupantes, ya que está demostrado que parte del modus operandi del fracking involucra diversas formas de contaminación.
Además de requerir más de 3,6 millones de galones de agua para la fracturación de un solo un pozo, utiliza químicos tóxicos que generan residuos altamente peligrosos. La contaminación de fuentes de agua y de campos agrícolas de las poblaciones cercanas ha sido un factor común de estas prácticas en varias partes del mundo.
No obstante, pese a las consecuencias, 13 años después de que la sociedad civil impidiera el avance de esta práctica en Colombia, hoy siguen surgiendo proyectos camuflados como “de carácter científico” para avanzar definitivamente con el fracking. Si prosperan los planes políticos, la actividad hidrocarburífera para la ampliación de las reservas de petróleo podría extenderse por 22 años y en el caso del gas, entre 35 y 50 años.
El avance de estos proyectos provocará la mayor fractura que puede dejar el fracking en Colombia, pues más allá de amenazar la vida, la salud y los ecosistemas, será vulnerado el futuro más cercano de los ciudadanos y su derecho a vivir en un ambiente sano.
Por ello, en Greenpeace apoyamos los dos proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso para prohibir el fracking y a las organizaciones, como la Alianza Colombiana Libre de Fracking, que trabajan desde hace mucho tiempo para erradicar esta práctica contradictoria con los planes de mitigación de la crisis climática.
Así como Marcos Orellana, experto de las Naciones Unidas, afirmó que “Colombia tiene la oportunidad de preservar el legado de su megabiodiversidad, la protección del derecho a vivir en un ambiente libre de tóxicos inspira a que el Congreso de la República adopte una ley que prohíba el fracking”.
El Gobierno no puede permitir que esta actividad extremadamente nociva para nuestros ciudadanos y ecosistemas se establezca en el país y no debe hacer caso omiso de los peligros del fracking, de los cuales hay amplia evidencia.
En vez de promover falsas soluciones para la crisis climática y ambiental, los esfuerzos del Gobierno deben enfocarse en construir una matriz energética sostenible y limpia y proteger nuestros ecosistemas y recursos naturales.
Nuestro derecho de vivir en un ambiente sano no puede quedar sometido a la obstinación de unos pocos.
* Directora de Greenpeace Colombia.