El laboratorio y el embajador

En un operativo que rastreaba un tráfico sospechoso de insumos en Guasca (Cundinamarca) fue encontrado el pasado 13 de febrero un laboratorio de procesamiento de coca en una finca con capacidad para producir una tonelada mensual. La noticia pudo ser una más entre los centenares de operativos tradicionales e inútiles para controlar el narcotráfico en la ilegalidad por parte de la Policía antinarcóticos, sus perros entrenados, sus tecnicismos profesionales y sus oficinas subalternas que incautan y transcriben lo que anualmente puede encontrarse entre la selva y un negocio astronómicamente rentable. Pero esta vez la trascendencia de la noticia superaba la misma superficie del nihilismo y la ironía más fría y más dura: un embajador del Gobierno que prioriza la persecución a los cultivos ilícitos sobre todos los males endémicos figura como dueño del predio. Fernando Sanclemente ha pedido una licencia autorizada al instante y ha insistido en las pocas apariciones que ha hecho ante los medios que todo es un penoso malentendido y que aportará lo necesario en la investigación. Han pasado 15 días de un escándalo monumental que podría ser noticia permanente y asfixiante, si el Gobierno perteneciera a otro ángulo del espectro político y si estuviera involucrado el gabinete de un presidente ajeno a la venia empresarial, pero no hay mayores detalles más allá de la humareda y del incendio forestal que causó la destrucción del laboratorio. No hay demasiado interés en los vínculos de un diplomático con una cocina sofisticada de coca en su propia finca, a pocos kilómetros del aeropuerto El Dorado, y habiendo ocupado recientemente el poderoso cargo de la dirección en la Aeronáutica Civil, vieja y conocida pista libre de los poderosos narcotraficantes del pasado. La delegada de la Fiscalía a cargo del caso insiste en la existencia del laboratorio desde mucho tiempo atrás y refuta la hipótesis de un laboratorio exprés construido en la improvisación y a la intemperie de un afán de inexpertos. El deterioro de las ollas y la ubicación de dormitorios perfectamente adecuados para los turnos de una producción de 24 horas anulan la especulación sobre un predio recientemente usado a la espalda de todos. Las humaredas largas del procesamiento y la circulación permanente de personal con insumos y transporte sospechosos no pudieron haber sido un paisaje cotidiano sin suspicacias ni testigos, en un sector poco habituado al frenetismo cocalero.

La Presidencia no se pronuncia a la altura de la seriedad del caso. La Policía Antinarcóticos no da declaraciones al respecto y la Fiscalía General responde que no hay personal disponible para atender por el momento las preguntas del misterio. Según la tradición y la ley, las propiedades de incautaciones ilícitas entran al régimen inexorable de la extinción de dominio. Las dependencias que siempre demostraron gallardía y firmeza contra el delito y agilizan los trámites contra predios y narcos huidizos no quieren hablar, no conocen el proceso y evaden la carga de la decisión. Todos le temen a una frase mal dicha bajo el poder que les vigila los juramentos y las promesas de lealtad.