El más lógico beneficiario de las “chuzadas”

Tres escándalos político-judiciales se conocieron el pasado fin de semana, gracias a los medios de comunicación. De no ser por algunos periodistas, tal vez los colombianos nunca se habrían enterado de lo que sucede a sus espaldas porque, en lugar de controles estatales eficientes, parece haber complicidad entre sus diferentes órganos incluyendo el Ejecutivo, sus Fuerzas Armadas, la bancada gubernamental y hasta ¡la propia Fiscalía General que se supone que investiga los delitos cometidos en el país! El primer sacudón informativo, de gravedad extrema, se produjo cuando la revista Semana reveló el gran operativo de espionaje criminal desplegado por unidades de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército “al menos el año pasado”—primero de la administración Duque—, contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición, algunos gobernadores considerados contradictores del Ejecutivo y periodistas con criterios independientes del poder. La revista tuvo acceso a fotografías, documentos, videos de seguimiento a los “blancos” señalados por los mandos militares a sus subalternos, y “más de una docena de fuentes directas”.

Entre las víctimas de esta nueva ola de “chuzadas” tipo DAS que creíamos extinguida, estaba la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Suprema, que, casualmente, era la encargada de investigar al aforado constitucional Álvaro Uribe Vélez, casualmente jefe supremo del partido que llevó a la Presidencia a Iván Duque. Otras víctimas de las salas militares de interceptación fueron los congresistas Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, los tres más duros defensores de la JEP y contradictores del uribismo parlamentario que pretendió, en agitadas sesiones minadas de trampas procedimentales, destruir esa jurisdicción y el Acuerdo de Paz con las tristemente célebres objeciones con las que Duque enlodó su presidencia. El día de la votación final, Barreras denunció que se había creado un grupo de WhatsApp con senadoras y senadores uribistas y con otros personajes de esa línea política para urdir un montaje contra él con el fin de desprestigiarlo, tal como lo hizo su colega Paloma Valencia con el senador Petro, en recordado espectáculo televisado que le dio aire al ahogado Néstor Humberto Martínez. Por esa misma vía, la del show, pretendían sacar a Barreras de la discusión de las objeciones, un proyecto de profundo interés del Centro Democrático y, desde luego, de su jefe, Uribe, al último a quien le interesa que se conozcan las verdades de la guerra.

El segundo escándalo, también revelado por Semana, no tiene que ver con el primero, según afirmó el fiscal general encargado, Fabio Espitia, en rueda de prensa. En efecto, el allanamiento del 18 de diciembre, ordenado por la misma magistrada Lombana a instalaciones militares, hace parte de las diligencias de otro proceso por dos capítulos de “chuzadas” de Inteligencia del Ejército de hace seis años en que, sin embargo, el personaje que la togada investiga es, casualmente, Álvaro Uribe: el de la sala ilegal Andrómeda desde donde se vigilaba a los negociadores de paz del gobierno pasado, y los nexos, con miembros de esa sala, del hacker Sepúlveda quien interfería los correos del presidente Santos y de sus hombres en las negociaciones de La Habana. Esto explica el críptico trino del senador Uribe, de hace apenas unas horas, en que pregunta: “¿Otra Andrómeda?”. No, señor expresidente: es la misma Andrómeda que lo comprometería a usted, sería la respuesta correcta.

Y el tercer capítulo de la agitada agenda informativa corrió por cuenta de la chiva de Noticias Uno sobre el hallazgo de un micrófono en el techo del despacho de un segundo magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte, César Reyes, que, casualmente, es el sucesor de Lombana en el proceso contra... Álvaro Uribe por su presunto involucramiento en el delito de soborno a testigos. Los arrendadores del edificio en que funciona esa dependencia de la Corte desmintieron, en minutos, la eficacia del micrófono porque era “obsoleto y estaba desconectado”. Cabe preguntarse: ¿casualmente ese aparato se dejó abandonado en donde, si fuera funcional, serviría para escuchar hasta la respiración del investigador de... Álvaro Uribe? Tal como sucedió con la denuncia de los tres congresistas sobre los seguimientos ilegales contra ellos, que fue hecha en agosto de 2019 y archivada por la Fiscalía dos meses después, el propósito, ahora, podría ser similar: no encontrar nada para que nada pase. ¡Ah!, casualmente, en medio de esta barahúnda, se le ocurre al Inpec, por orden de su gobierno, allanar al preso Monsalve, casualmente, el declarante judicial más sólido en contra de... Álvaro Uribe, el más lógico beneficiario de todas las “chuzadas”, las de antes y las de ahora.