El médico y el banquero

El decreto 444, por el cual se crea un Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue recibido con las suspicacias que levantan siempre las medidas que pueden terminar favoreciendo a la banca y a las empresas privadas y agrandando los agujeros negros de la corrupción.

Los recursos del FOME tienen destinos nobilísimos: preservar el buen funcionamiento de la salud, la producción y el empleo. Nada que objetar.

Lo que preocupa es que el Gobierno les mete la mano a los recursos de las regiones para la financiación del FOME.

Ya lo había hecho recientemente. El 1º de enero, aprovechando el ruido de las fiestas, empezó a regir una norma que prohíbe a los hospitales suscribir contratos con los entes territoriales para la atención de población pobre no asegurada, ni recibirán los recursos para pago de patronales que entregaba la nación; el manejo de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) estará centralizado en la nación y los departamentos no podrán generar liquidez con estos recursos.

El argumento del Gobierno es casi convincente: estos dineros deben manejarse de manera centralizada porque en las regiones campean el desgreño y la corrupción. Olvidan los dignísimos funcionarios gubernamentales que las orgías más babilónicas (Odebrecht, Reficar, Fosyga, Saludcoop) se cocinaron, todas, en exclusivos salones de la capital.

Este sofisma, la probidad central versus la corrupta provincia, siempre viene acompañado con este otro: la probidad de los técnicos privados versus la venalidad de los funcionarios públicos. Pero ¿no son los mismos? ¿Cuántos ejecutivos del Grupo Aval, de Sarmiento, por ejemplo, están ahora mismo en altos cargos públicos y legislan y mueven hilos a favor del Grupo?

Agrava el cuadro el hecho de que el FOME sea controlado por el minhacienda Carrasquilla, que no es exactamente un ícono de la probidad.

Muchos se preguntan por qué el Gobierno no financia el FOME con préstamos al Banco de la República, cuya junta controla. O con los rubros del Presupuesto General de la Nación destinados al pago de la deuda externa, obligación que puede ser cubierta con los 53.000 millones de dólares que la nación tiene en bonos del Tesoro estadounidense.

Hay unas cláusulas del Decreto 444 que han prendido las alarmas de los analistas. El FOME financiará “operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores y depósitos a plazo, entre otros” (…) “El Fome podrá invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional”.

Aquí están los apartes más polémicos: destinar los recursos de las pensiones territoriales (dineros escasos y frágiles) para asegurar la liquidez del sector financiero es una receta de difícil digestión. El sector financiero es necesario, sin duda, pero ¿había que apalancar a este antipático jugador justamente con los fondos pensionales?

La segunda parte suena muy bien: el FOME apoyará empresas privadas cuyas actividades sean de interés nacional. Sí, pero ¿habrá algún empresario que ponga en duda la coincidencia, punto por punto, de sus propios intereses y el “interés nacional”?

Blindar la salud y la economía son dos tareas urgentes. Nadie lo discute. Pero preocupa mucho el origen de los recursos y la estrecha cercanía del Gobierno con el banquero de marras. El Gobierno no puede equivocarse esta vez.

Nota final. En los últimos 30 años el Estado ha mantenido una línea invariable: mimos al sector financiero y desprecio por la salud y la educación públicas. Los resultados están a la vista: una banca indolente y próspera, hospitales precarios y escuelas con malas notas.