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Las comunicaciones en los últimos años están marcadas por dos elementos fundamentales que han traído y traerán grandes cambios sociales, económicos y culturales: la movilidad y la internet.
Los gobiernos, especialmente aquellos que definen políticas públicas en países con importantes necesidades insatisfechas en su población, deben actualizar en torno a estos elementos sus políticas sociales en materia de comunicaciones.
Hace tan sólo unos años, las empresas del Estado tenían la obligación de satisfacer las necesidades básicas de comunicación de todos los colombianos, logrando en más de 100 años una penetración de telefonía fija o básica que hoy es del 17%.
En menos de 15 años, con inversión especialmente privada, la telefonía móvil ha logrado que el 90% de los colombianos puedan satisfacer no sólo su necesidad básica de comunicación, sino que en 2009 habrá más colombianos abonados de internet gracias a su móvil, que compatriotas con una línea de telefonía fija. Es decir, gracias a los operadores móviles, cada trimestre logran acceder al mundo de la internet en movilidad más de 1’800.000 abonados, cifra igual al total de suscriptores de internet que existe en Colombia con otras tecnologías y que se han incorporado durante los últimos 10 años.
La telefonía móvil y el internet móvil no han tenido aportes de recursos públicos ni subsidio del Estado ni de otros suscriptores, como sí ha sucedido con la telefonía fija.
Sin desconocer la importancia de los programas sociales del Ministerio de Comunicaciones y los logros que en esta materia han tenido desde que se gestaron, el Fondo de Comunicaciones no puede seguir distrayendo recursos públicos que son escasos en ampliar los programas sociales actualmente concebidos, cuando los mismos $213.000 millones anuales del Fondo de Comunicaciones que se presupuestan en la actualidad se deben utilizar en aquellos sectores donde se han logrado grandes avances para llegar a la gente pobre y con necesidades insatisfechas de recibir contenidos, capacitación e información gracias a la banda ancha.
Es urgente definir a nivel de ley una real política estatal en materia de comunicaciones sociales en la que las tecnologías móviles y la nueva era digital de la televisión deben ser los ejes. ¿Por qué no diseñar un régimen de subsidios que permita a millones de colombianos pobres acceder a internet y banda ancha en su móvil, cuando el esfuerzo mayor de redes y servicios ya lo han hecho la iniciativa privada y empieza a ser cuestionable cualquier gasto público que pretenda insistir en la actual política social en materia de comunicaciones?
