Por: Salomón Kalmanovitz

El orden social restringido

Un reciente trabajo sobre la coexistencia de dos órdenes sociales en Italia (Di Martino Felice y Vasta), uno abierto en el norte industrializado y democrático, otro restringido en el sur atrasado y regido por el crimen organizado, es un buen ejercicio para entender el caso colombiano.

El termómetro del orden social es el grado de penetración del Estado y su control sobre el uso legítimo de la violencia. En órdenes sociales de acceso restringido, como el nuestro, las élites recurren a la violencia para imponer sus intereses, ya sea por grupos privados o el uso ilegítimo de la fuerza por el propio Estado. Eso permite que recursos valiosos como tierras, empresas e influencias políticas sean apropiados por ellas. La misma debilidad del Estado y la privatización de la seguridad, su déficit de legitimidad y el frecuente recurso a la violencia represiva han fomentado el surgimiento de la insurgencia, el paramilitarismo y no menos del crimen organizado, que doblega amplios territorios.

Solamente cuando el Estado logra ese monopolio legítimo sobre el ejercicio de la violencia puede eliminar el acceso privilegiado a los recursos económicos y políticos. La habilidad para crear un orden social abierto depende, además, de que el Estado pueda promover una coordinación económica y política eficientes. Para eso requiere de una burocracia independiente, no capturada por las élites particulares y que busque el interés general. Las creencias sociales y culturales son importantes para sedimentar un orden de acceso abierto, en particular la participación activa de la población en las elecciones y plebiscitos, que refleja su confianza en el Estado.

El monopolio legítimo de la violencia se puede aproximar por la fortaleza de las fuerzas armadas, del sistema judicial y los índices de criminalidad, en particular la tasa de homicidios. En nuestro caso, se ha fortalecido el aparato militar apoyado en una justicia bastante corrupta e ineficaz. Se ha dado, con todo, una disminución de la tasa de homicidios de 80 por 100.000 habitantes en 1999 a 24 en la actualidad, todavía cinco veces más alta que en el norte de Italia.

La confianza en el Estado y en los políticos se aproxima a través de la participación en las justas electorales. Una alta abstención refleja el rechazo de la población a sistemas políticos clientelares y corruptos. En 56 años de conflicto armado, la abstención en la justas presidenciales alcanzó el 46 % y más recientemente, en 2014, alcanzó el 60 %. En el plebiscito por la paz se abstuvo el 62,6 % del censo electoral. En el de 1957 se abstuvo sólo el 20 %.

Tanto en Sicilia como en Colombia, la familia tradicional es un poderoso canal para garantizar el acceso limitado a los recursos: los intercambios se basan en relaciones personales en la asignación de empleos, favores y rentas que son administrados por familias extendidas. Observamos la conformación de poderosos clanes familiares que tienen acceso especial a la política, en la que las posiciones son hereditarias. Llama la atención la involución de Estados Unidos en este sentido (los Bush, pero sobre todo Trump).

Mantener a las mujeres sometidas es otra marca de una sociedad que reduce los intercambios impersonales, permitiendo que los recursos económicos y políticos sean asignados a los hombres mayores. Por eso la influencia de las iglesias en la defensa de la familia tradicional solidifica el orden social de acceso restringido.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Salomón Kalmanovitz

El acusador acusado

Impuestos saludables

¿Y dónde está la plata?

Tiempos difíciles

Una crisis desperdiciada