El palo no está para cucharas

EL GOBIERNO ESTÁ HACIENDO AGUA por todos lados. Eso sí, nos sigue regalando con la ración diaria de escándalos, cada vez más brutales: el policía, parece que encapuchado, disparando sobre la multitud (¿será que después de ver esto quedan irresponsables que defiendan el uso de capuchas como una inocente broma?), la persecución por el DAS a un partido político legal y a sus líderes más destacados (no es sólo lo de Petro, es también la tenebrosa ‘Operación Dragón’ en Cali de cuyos detalles apenas comenzamos a enterarnos). En medio de esta deriva antidemocrática, se sigue tramitando en el Congreso la reelección.

Deberíamos hablar en plural, pues en realidad hay un plan A (para 2010) y un plan B (para 2014), que no son excluyentes sino complementarios. Si aún hay espacio en la agenda del caudillo, queda todavía el plan C, producto del talento inefable del comisionado de paz: Uribe senador (¿por qué no también alcalde de Soacha?). ¿Qué hay detrás de esto? De pronto la interpretación es más bien inocente.  Podría ser que Uribe hizo una apuesta con Chávez y Correa: el que primero se baje del sillón presidencial tiene que invitar a una cena. Pero incluso si es así, sostendría que el precio que pagaremos los colombianos por el envite es excesivo.

El problema consiste en que si un gobernante demuestra que tiene la suficiente capacidad para cambiar a su conveniencia las reglas de juego vitales de la vida económica, política o social, cae bajo la maldición del exceso de poder (la comprensión plena de esto la debemos a Elster, North y otros). North, por ejemplo, mostró cómo los reyes tenían que pagar un interés suplementario por los préstamos que adquirían, puesto que ningún banquero les creía que renunciarían a declarar abruptamente la cesación de pagos. Prestarles era riesgoso porque estaban por encima de la ley. Los reyes hubieran querido que los banqueros pensaran que en este caso particular no lo estaban; pero su omnipotencia en los demás dominios los desmentía.

En el caso del Estado moderno, esos sobrecostos los sufragamos todos los ciudadanos (como se pagan con sus impuestos, amable lector, los seguimientos ilegales del DAS, y el fusil y la capucha del tipo que dispara sobre los indios, y la multimillonaria indemnización que habrá de pagarse en un futuro previsible).

Cuando un articulito de la Constitución se vuelve infinitamente maleable, todo queda sujeto a la voluntad del gobernante, aumentando en general todos los costos de la intermediación. Independientemente de su posición en el espectro político, Fujimori y Chávez pusieron en cuestión los derechos de propiedad, para castigar a aquellos que no fueran lo suficientemente dóciles. ¿Hacia allá vamos? Tanto la economía como la política constituyen delicados sistemas de señales, y lo que la aventura reeleccionista está indicando es que desde las alturas se pueden cambiar todas las reglas de juego, en cualquier momento.  La omnipotencia implica costos enormes —y responsabilidades sin límites—. Comencemos entonces por lo siguiente: cuando estalle el próximo escándalo (¿mañana?, ¿pasado?), no vuelvan a decir que la cosa ocurrió a sus espaldas.