El que la descubre la paga

Hoy está claro que ha fracasado la política de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Iván Duque. No solo por todos los problemas que ha tenido la poco productiva y muy dañina campaña de fumigación aérea con glifosato, sino porque el narcotráfico es un escándalo que se coló en las entrañas de su administración.

El 9 de julio de 2018 el entonces electo presidente Duque le dijo a la opinión pública: “Quiero ser claro, si queremos la paz en Colombia tenemos que derrotar el narcotráfico. Y desde el primer día de nuestro gobierno voy a estar ejerciendo como comandante en jefe de las Fuerzas Militares para que en el territorio colombiano derrotemos a aquellos que quieren seguir en la estructura del narcotráfico”.

Eso, sin contar que el mandatario lanzó un plan de choque con el lema “El que la hace la paga”. Pues vamos viendo algunos sucesos de esto año de los que la han hecho y no la han pagado.

El 12 de febrero se informó al entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, que se había realizado un allanamiento en su finca por parte de Estupefacientes, quienes inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas de la propiedad, y en la parte alta de la finca encontraron un laboratorio completo de procesamiento de droga.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cuatro predios y dos vehículos de la sociedad Las Colinas de Guasca, de la que hizo parte y fue representante legal el señor embajador Sanclemente Alzate.

El escándalo pasó desapercibido y todo se desactivó con una simple renuncia al cargo.

Pocos días después, el 3 de marzo, el periodista Gonzalo Guillén destapó el escándalo conocido como la ñeñepolítica.

Audios entre José el Ñeñe Hernández Aponte, ganadero y brazo político de la organización criminal de Marquitos Figueroa, y María Claudia Cayita Daza, entonces asistente legislativa del senador Álvaro Uribe Vélez, en los que se habla de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente, Iván Duque. Otra historia que sigue sin resolverse y menos castigarse.

El 4 de abril la periodista María Jimena Duzán reveló una conversación telefónica inédita entre la que fue la secretaria privada de Álvaro Uribe Vélez y Goyo Hernández, hermano del Ñeñe. En la grabación queda claro que Goyo tuvo un papel activo, operativo, decisorio y financista en la campaña electoral de Duque, por debajo de la mesa.

En el transcurso del diálogo, Goyo le recomienda a Cayita vincular a la campaña de Duque a personas ligadas al crimen, tales como la conservadora Tina Soto, de Barrancas (La Guajira), prima de Marquitos Figueroa, o Rosa Valdeblánquez, hija del narcotraficante y paramilitar del cartel de Medellín Gervasio Valdeblánquez Ipuana.

Mientras la investigación ya tiene capturados a los agentes de la Dijín que interceptaron legalmente al Ñeñe y a su hermano, a los mencionados en el escándalo no les ha pasado nada.

Aquí el lema debería ser: el que la descubre la paga.

Posteriormente, el 7 de abril el portal InSight Crime, publicó un informe en el que menciona supuestos negocios de Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.

Según el estudio de InSight Crime, Rincón y Ramírez son propietarios de la empresa Hitos Urbanos, la cual construyó un proyecto inmobiliario en un lote comprado por la familia del presunto narcotraficante. En un comunicado emitido por la inmobiliaria, se señaló que Memo Fantasma se presentó “como una persona dedicada al sector ganadero interesada en hacer una inversión en finca raíz”.

En estos casos, al igual que con los investigadores, la han emprendido en contra de los periodistas en vez de mirar los hechos denunciados.

El mismo mes, el 24 de abril, se supo que el notario de confianza del presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, es el señor Jorge Humberto Uribe Escobar, quien es, nada más ni nada menos, primo del expresidente Uribe Vélez y hermano del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado por paramilitarismo en febrero de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Humberto Uribe Escobar, notario 24 de Bogotá, es recordado porque en 2008 su nombre fue limpiado mediante un controvertido decreto del entonces ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien le borró dos sanciones que lo suspendieron del cargo por no pagar aportes al fisco por valor de $9.600 millones.

Como premio, obtuvo la Notaria 24 gracias a que su hermano Mario Uribe Escobar controlaba la Superintendencia de Notariado y Registro a través de sus fichas políticas, entre ellas su primo Uribe Vélez.

Finalmente, la semana pasada se conoció que en 1997 el hermano de la vicepresidenta de Colombia fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína.

Aunque es claro que la vicepresidenta no debe pagar por los errores de su familia, también es evidente que los colombianos tenían derecho a saber esto, sobre todo de un gobierno que se hizo elegir con la bandera de la lucha contra el narcotráfico, según las propias palabras de Ramírez el 21 de mayo de 2018 en plena campaña: “No hay narcotraficantes buenos o malos, todos son malos y hay que reprobarlos”.

Pues este gobierno necesita hacer eso internamente.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com