El Gobierno retiró la inoportuna y malhadada reforma tributaria. Un aumento de impuestos en medio de una pandemia y del crecimiento de la pobreza es encender la mecha que activó la previsible protesta social. El vandalismo y el asesinato en las marchas deben ser rechazados sin atenuantes.
Poco antes, el Gobierno anunció la compra de aviones militares por $14 billones. El proyecto de reforma al gasto dirigido a paliar la pobreza absoluta es de $4,5 billones anuales. Son insultantes con la sociedad empobrecida los gastos en publicidad, en mejorar la imagen del presidente, en noticieros oficiales, en cambiar el parque automotor de la Casa de Nariño, en ampliar la burocracia con siete altas consejerías, etc. A lo anterior debe añadirse el aumento del gasto militar para enfrentar un posible conflicto con Venezuela, azuzado por las provocaciones e intervenciones del Gobierno colombiano en asuntos internos de la dictadura de Maduro. Los “juegos de guerra”, movilizando tropas y disparando cañones cerca de la frontera, no contribuyen a reducir las tensiones. Un conflicto, aun limitado, golpearía inmisericordemente a los dos países. En el retirado proyecto impositivo, el sector al que no se le aplicaban las tibias medidas de austeridad era el militar. Ante el rechazo de la propuesta impositiva, el Gobierno se decidió a pregonar que sin esta no podían continuar con los magros auxilios a los más necesitados, pero no planteó una reestructuración del gasto público. Si las arcas estaban tan exhaustas, ¿por qué ofreció un crédito de difícil cobro por $8 billones a una empresa extranjera?
Se requiere un elevado grado de insensibilidad para proponer IVA del 19 % a los gastos funerarios cuando la pandemia esta matando a cerca de 500 personas diariamente. La mejor oposición a la propuesta fiscal de Duque la hizo el presidente: se recuerdan sus anuncios de menos impuestos y su rechazo, cuando era congresista, al IVA a la canasta familiar. Inventaron un tecnicismo para gravar los bienes de primera necesidad: pasar la clasificación de bienes exentos a excluidos. No se planteó tener más ingresos de la explotación de minerales para captar aumentos en los precios y resarcir los daños ambientales de la minería. Tampoco se mencionó la posibilidad de revisar las gabelas tributarias en las zonas francas uniempresariales, como la deducción del 33 % al 20 % del impuesto. Mientras se obtenían estos beneficios, una de esas zonas vendía terrenos a precios menores que el comercial y otorgaba contratos a los hijos de Uribe.
El presidente, ante la masiva movilización ciudadana, acató las dos órdenes de Uribe: una, militarizar las ciudades y así reprimir con armas letales el derecho a la protesta; la otra, retirar el proyecto. Esto último se obtuvo no por la orden del supremo, sino gracias al repudio expresado masivamente. Uribe dijo que la propuesta le hacía daño al Centro Democrático, no al país. Duque, acatando las instrucciones del eterno, anunció la militarización de las ciudades: reprimir a sangre y fuego las movilizaciones. El trino de Uribe propuso acabar a bala la protesta social. ¿Quién ejerce realmente el poder?
En este sainete hay de todo, la autooposición, el irrespeto a los ciudadanos, las verdades a medias, las explicaciones del jefe de Estado diciendo que no había leído la reforma en su totalidad, el partido de gobierno actuando como partido de oposición.