Por: Yohir Akerman

El testigo desaparecido

Octubre de 1997. Antioquia. En el departamento coincidieron para esa fecha dos lamentables acciones criminales: la incursión paramilitar en el corregimiento El Aro, del municipio de Ituango, y el asesinato del sacerdote Antonio Bedoya, párroco del municipio de San Francisco.

El primero, un acto de barbarie cometido por los paramilitares, y el segundo, un acto de salvajismo realizado por el Eln.

Pues todo parece indicar que para el gobernador de Antioquia del momento, Álvaro Uribe Vélez, la preocupación y prioridad era combatir a la guerrilla, pero no a los paramilitares.

Me explico.

Según el testimonio de un exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, hoy en el exilio, que obtuvo la Corporación Jurídica Libertad, en la administración departamental de Uribe Vélez “se hablaba de pelear con la guerrilla, pero nunca contra el paramilitarismo”. (Ver Entrevista noviembre de 2008).

Según el exfuncionario, “cuando ocurrió la masacre de El Aro, una de las quejas que daban los pobladores del lugar, a través del abogado Jesús María Valle Jaramillo, era que las fuerzas militares no habían acudido a auxiliarlos; decían que, al contrario, apoyaron a los paramilitares que se habían tomado el caserío. Por esos días, también habían matado al sacerdote del municipio de San Francisco, cosa a la que sí respondieron”. La fuente asegura que en uno de los consejos de seguridad de esa administración en los que se trataron ambas incursiones el gobernador Uribe Vélez le preguntó al general Carlos Alberto Ospina, comandante de la IV Brigada, por lo que había pasado en ambos casos y qué respuesta habían dado las tropas bajo su mando.

La respuesta de Ospina fue para enmarcar: “En lo de El Aro, nosotros (el Ejército) sí quisimos prestar la colaboración, desplazamos helicópteros, pero no pudieron aterrizar; en lo del sacerdote de San Francisco eso fueron los facinerosos del Eln y ya hay dos batallones detrás de ellos. (Ver Memoria de la impunidad en Antioquia del IPC y la Corporación Jurídica Libertad).

El abogado que se menciona haciendo las denuncias de la colusión entre paramilitares y el Ejercito es el señor Jesús María Valle Jaramillo, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia.

Desde 1996 ese abogado venía denunciando los nexos entre autodefensas y militares en Antioquia, específicamente la complicidad del Ejército en las masacres perpetuadas por los paramilitares de La Granja en 1996 y en la mencionada de El Aro en 1997, corregimientos de Ituango. (Ver Denuncias).

Frente a esto, el entonces gobernador de Antioquia Uribe Vélez hizo lo que mejor sabe hacer y señaló al señor Valle Jaramillo como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y aliado de la guerrilla. Suena familiar.

Pero eso no detuvo al abogado Valle Jaramillo. El 6 de febrero de 1998, el defensor de derechos humanos rindió una declaración ante un fiscal regional en la que quedó registrado lo siguiente: “Había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno”. (Ver Investigación por asesinato).

Esa fue su sentencia de muerte.

Veintiún días después, el 27 de febrero para ser exactos, dos hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón en la calle Ayacucho con carrera Bolívar en el centro de Medellín, subieron al cuarto piso, entraron a la oficina del abogado Valle Jaramillo y lo ajusticiaron de dos tiros en la cabeza con una pistola 380 con silenciador.

Lamentable.

Frente a esto, el 29 de noviembre de 2000, varios integrantes de la banda de sicarios La Terraza se responsabilizaron por el asesinato de Valle Jaramillo en un video y añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derechos humanos. (Ver Video y entrevista a La Terraza).

Para rematar, el paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en una audiencia realizada en Medellín en febrero de 2012, admitió que el asesinato del abogado Valle Jaramillo fue en respuesta a sus denuncias y señaló a Pedro Juan Moreno Villa, el entonces secretario de Gobierno de la Gobernación de Uribe Vélez, como el incitador del crimen. (Ver Confesiones).

Así como se oye.

Como lo estableció incansablemente el abogado Valle Jaramillo, durante la Gobernación de Uribe Vélez fue permanente la alianza de las autoridades militares con los paramilitares en el municipio de Ituango y en buena parte de los municipios del norte del departamento de Antioquia, donde la familia Uribe Vélez tenía una finca llamada La Carolina.

Pedro Juan Moreno Villa fue crucial en esa alianza.

Lo otro que se volvió permanente fue la obstrucción en las investigaciones de la muerte del abogado Valle Jaramillo. Dos ejemplos lamentables. El primero es el caso del señor Augusto Botero Restrepo asesinado el 8 de mayo de 1998 en el centro de Medellín en el momento en que se movilizaba en una motocicleta.

Tenía 29 años de edad y, de acuerdo con los rastreos realizados en varios expedientes y aportes logrados a través de varias entrevistas, Botero Restrepo participaba, en el último año antes de su muerte, de dos investigaciones. Una de esas era el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. (Ver Botero Restrepo).

El segundo caso es del investigador del CTI Luis Fernando Giraldo Giraldo, quien trabajaba en la Sala de Apoyo Técnico adelantando labores de investigación acerca del homicidio de Valle Según la información suministrada por funcionarios de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Giraldo Giraldo comenzó a recibir amenazas en las que prometían que acabarían con su familia si avanzaba con la investigación, lo que lo llevó, según el expediente, a quitarse la vida con su arma de dotación el 7 de febrero de 1999. (Ver Giraldo Giraldo).

Finalmente está la muerte de Pedro Juan Moreno, el secretario de Gobierno al momento del asesinato y posiblemente el único testigo de todo.

Este fue uno de los hombres más controvertidos en la era Uribe Vélez, primero como su más cercano confidente y al final como el más decepcionado de los amigos y un gran opositor de su administración, por medio de la revista La Otra Verdad.

Pues el 24 de febrero de 2006, a las 6:32 de la mañana el helicóptero BELL 2006 B de la empresa Helicargo partió del aeropuerto Olaya Herrera con destino al municipio de Apartadó. Cuarenta minutos después la aeronave perdió contacto con la torre de control y tras varias horas de búsqueda, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa reportaron que ninguno de los cuatro tripulantes había sobrevivido. Uno de esos era el señor Pedro Juan Moreno, que se llevaba consigo grandes secretos del entonces presidente Uribe Vélez. Secretos como el de Ituango y la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

@yohirakerman

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