El viacrucis de ser empresario en Colombia y la necesidad de un “Contrato Empresarial”

Hoy en día una empresa colombiana paga a título de impuestos una tarifa integrada que puede oscilar entre el 55% al 65% sobre los ingresos brutos, según el tipo de empresa y el sector de que se trate.

Últimamente he venido observando un sentimiento cada vez más generalizado de inconformidad entre los empresarios frente a la situación económica del país y, particularmente, frente a las políticas económicas del gobierno, sentimiento que es originado, antes que nada, por las elevadas cargas tributarias, pero también por el alto nivel de incertidumbre que se deriva de las contradicciones en las políticas públicas económicas y de la ausencia de un buen sistema judicial que sirva para darle certeza a la interpretación de la ley y para defender la propiedad, los contratos y los demás pilares económicos de la empresa. No es fortuito que Chiclets Adams y -ahora Hewlett Packard- hubiesen decido cerrar sus plantas en el país.

En una época se le dio fuerza a los contratos de estabilidad jurídica, pero luego se decidió acabarlos. En un momento dado, se abrió la llave (tal vez demasiado) de las zonas francas y luego ese entusiasmo se vino abajo. Se crean incentivos para la inversión extranjera pero, a la vez, se le suman nuevos impuestos a la inversión y otras cargas no tributarias. Del Congreso de la República sale una reforma tributaria cada año, que modifica las reglas de juego. Se emiten normas anti-trámite de papel, que en realidad no resuelven las mayores cargas absurdas de pagos y tramitología. Se crea una política de alto nivel con recursos sustanciosos para el fomento del emprendimiento y la inversión alrededor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero se crean también absurdos requisitos para acceder a los beneficios.

Se supone que el Estado apoya a las Pymes y a los emprendedores, pero usualmente los pliegos de las licitaciones públicas imponen exigencias demasiado altas de experiencia, sacando de plano a los nuevos emprendedores que pretenden entrar al mercado. Producto de regulaciones sectoriales, algunos sectores se exponen abiertamente a la libre competencia y otros se sobre-regulan con barreras de entrada y requisitos que generan privilegios y desbalances a favor de unos pocos empresarios establecidos. En materia de filosofía económica, Colombia es un país de dos cabezas donde subsisten -en permanente choque- políticas de tendencia de libre mercado y políticas del más rancio proteccionismo.

Se sacan leyes de flexibilización laboral pero, al mismo tiempo, las Altas Cortes radicalizan su postura de paternalismo. El uso desmedido de la Acción de Tutela y otros mecanismos judiciales produce zozobra entre los empresarios que en ocasiones se ven sometidos a condenas absurdas, que eliminan la poca seguridad jurídica que queda y que rompen por completo el equilibrio de su plan de negocios.

Pero, además, el Estado peca no solamente por lo que hace mal, sino por lo que deja de hacer: La administración de justicia es esencial para cualquier sistema empresarial. Ningún país serio puede pretender crear una política sólida de atracción de inversiones y fomento a la innovación y al emprendimiento, sino construye una base sólida que le ofrezca garantías jurídicas a los jugadores del mercado. Colombia ocupa el puesto 168 sobre 189 economía en Doing Business en materia de cumplimiento contractual, lo que implica que el servicio que prestan sus jueces es tan demorado, deficiente e inseguro a la hora de hacer valer los derechos incorporados en un contrato, que ello prácticamente equivale a un país sin justicia. Cuando un empresario firma un contrato en Colombia de cualquier naturaleza (arriendo, crédito, compra venta, suministro, prestación de servicios, etc.) y su contraparte lo incumple, necesita llenarse de paciencia y pagar grandes sumas en abogados para esperar una sentencia que puede demorar más de 10 años y que, casi con seguridad, no va a satisfacer las mínimas expectativas de calidad.

A la manera del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, en nuestro país bien podría hablarse de la necesidad inminente de buscar la construcción de un “contrato empresarial” que fije los ejes esenciales de la relación Estado- Empresa desde la perspectiva jurídica, social y económica.

Antes que nada, el “contrato empresarial” debe establecer con toda claridad el alcance de los compromisos y las cargas que se espera que cumplan todos los empresarios que aspiren a un trato equilibrado y respetuoso por parte del Estado Colombiano, cargas de alto nivel de responsabilidad en lo social y lo ambiental. Por supuesto, como contraprestación mínima, el Estado debe proporcionar, entre otros aspectos, claridad y estabilidad jurídica, justicia pronta y eficaz, defensa equilibrada de los derechos empresariales y una revisión trasversal de las políticas públicas que inciden en el empresariado, con el fin de eliminar los cortos circuitos y las contradicciones.