Por: Alejandro Reyes Posada

Eliminemos la ficción de los baldíos y resolvamos el problema de la tierra

Un fantasma se atraviesa en los esfuerzos para clarificar de quién es la tierra en Colombia e impide su solución. Es la ficción de que existen baldíos para colonizar, tierras públicas al alcance de quien las ocupe para producir, que adquiere la expectativa de adjudicación si cumple los requisitos previstos en la ley y demuestra su uso productivo. La ley consagra la eterna promesa ilusoria de volver a los campesinos dueños de la tierra a condición de que deforesten las selvas y siembren pastos para ganadería, en territorios sin infraestructura, salud, agua potable, justicia ni seguridad. Como el Gobierno no llega a tiempo para reconocer la propiedad, la única alternativa del colono es vender las mejoras a quienes van detrás acumulando tierras para titular y valorizar, repitiendo el ciclo de la colonización itinerante y la destrucción de las selvas.

La ficción de los baldíos sirvió durante 100 años para adjudicar a los compradores de mejoras y a algunos colonos 25 millones de hectáreas, sin cambiar los patrones de concentración de la propiedad ni redimir a los colonos de la pobreza, generada por el abandono estatal de la periferia. Pero mantuvo viva la válvula de escape a la presión por la distribución de la tierra dentro de la frontera, mientras la propiedad se concentró en pocas manos. Esa frontera abierta de bosques para destruir ya no existe y los que quedan han adquirido el valor estratégico gigantesco de mitigar el cambio climático para beneficio del planeta.

La ficción de los baldíos se concreta, en cada caso, en que es baldío el predio que no tenga antecedentes registrales de propiedad privada o una cadena de títulos registrados que lo demuestre. En ese caso, los jueces no pueden decretar la pertenencia privada de la tierra, sino que el aspirante a ser dueño debe lograr que el Estado se lo adjudique, años o décadas después. Pero resulta que esos baldíos han sido ocupados y trabajados a medida que se ocupó el territorio fértil del país y la designación de baldíos equivale a la informalidad en la tenencia, que afecta al 60 % de los pequeños y medianos poseedores.

La fórmula para resolver el problema es simple y tiene tres pasos. Primero, decretar como reserva natural inadjudicable a perpetuidad toda la tierra no ocupada, para cerrar la expansión de la frontera agraria y proteger los bosques y humedales restantes, como se acordó en el punto agrario del proceso de paz con las Farc. Segundo, considerar propiedad privada toda la tierra usada para la producción y definir, en cada caso de informalidad, a favor de quién debe expedirse el título de propiedad, atendiendo al criterio de la posesión material. Tercero, extinguir el dominio, como está establecido hace casi un siglo, a quienes no usen la tierra para la producción sino para capturar la valorización, e ingresarla al fondo de tierras para distribución. En esta categoría caben todos los extensos baldíos apropiados en la altillanura para especular con su valorización pero no para cultivar, así como muchas tierras ociosas en regiones de latifundio ganadero, que aportarían mucho si fueran mejor distribuidas entre los agricultores sin tierra, que son dos tercios de la población campesina.

La Corte Constitucional, que prepara actualmente una sentencia de tutela sobre la no prescripción de los baldíos, haría bien en revisar la inutilidad del concepto jurídico de la tierra baldía y dejar solo tres tipos de propiedad: reservas naturales de la Nación, territorios colectivos de pueblos étnicos y tierras privadas, cuya titularidad, uso adecuado y justa distribución sería objeto de la administración y de los jueces agrarios.

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2019-09-19T15:21:32-05:00

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