En jaque

Acaba de cruzarse la meta de seis meses desde el devastador paso del huracán Iota por la pequeña y turística isla de Providencia, y su cacareada reconstrucción mantiene un ritmo exageradamente lento. Así como sucedió con Mocoa, por ejemplo, que lleva cinco años, desde cuando las aguas del río que lleva su mismo nombre le pasaron por encima, y algunas de las obras anunciadas siguen con retraso. Para los providencianos, la tragedia no termina. Continúa igual que entonces, inmodificable, pero, ahora, con ingredientes adicionales, como la pérdida de confianza y una mayor incertidumbre ante la nueva oleada de huracanes que se avecina.

La situación humanitaria por la que atraviesa la población es tan compleja que, incluso, ya trasciende las fronteras. El representante demócrata, Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Estados Unidos, le acaba de poner el ojo al archipiélago y le ha pedido a su gobierno revisar los recursos invertidos en el restablecimiento de las islas. También ha llamado la atención de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que examinen las condiciones de vida de los isleños, a quienes considera que se les están violando tales derechos debido a la falta de una reconstrucción efectiva.

Aunque el plan de restauración de la isla era, de por sí, un gran desafío por la magnitud del desastre, fue el presidente Duque quien marcó un período de cien días para ejecutarlo, en actitud populista y con pésimo cálculo que mostró el desconocimiento del Gobierno central acerca de este territorio insular. Duque, tan acostumbrado a las promesas, anunció, el 18 de noviembre pasado, con la mano en el pecho, la realización del llamado Plan 100 para la recuperación de Providencia, desolada un día antes de su visita, enmarcando dentro de dicho período de tiempo la realización de las obras.

Sin embargo, el tiempo pasó y, ciento ochenta días después, es poco o casi nada lo que se tiene para mostrar. La palabra presidencial, otra vez, quedó en veremos y la mayoría de los habitantes sigue a la deriva, sin techo seguro, con necesidades básicas apremiantes y ad portas de una nueva amenaza, ante la cercana presencia de la temporada de huracanes en el Caribe, que oficialmente, cada año, comienza en los inicios de junio y se extiende hasta los finales de noviembre.

En las islas cunde un fuerte temor de que se repita la dolorosa experiencia de ese letal 2020, por cuanto la temporada que se avecina pareciera ser tan peligrosa como la anterior. Se pronostica la irrupción de ciclones por encima del promedio, entre ellos, no menos de doce tormentas que por la violencia de sus corrientes llevarán nombre. Los huracanes y poderosas tormentas tropicales que atraviesan el Caribe son cada vez más intensas y erráticas y mucho más poderosas y destructivas. Se cuentan por centenares en las últimas décadas y no solo representan el fenómeno natural más peligroso sino el más frecuente de todos los que afectan a esta región insular, la segunda en el mundo más propensa a esta clase de eventos.

La preocupación de McGovern sobre la utilización de los dineros en el proceso de restauración es explicable, por la condición de donante que tiene su país. Coincide con diversos líderes de opinión en las islas, quienes, meses atrás, se han venido preguntando sobre el destino de los millonarios aportes hechos por gobiernos y organismos extranjeros y nacionales, así como el de los propios auxilios oficiales, cuya distribución fue en un comienzo caótica, con monopolio en la entrega de ayudas humanitarias.

Entre los centenares de donaciones recibidas, dirigidas a apoyar los esfuerzos del Gobierno para responder a la catástrofe del archipiélago y prestarles ayuda a los afectados, cien mil dólares fueron entregados por los Estados Unidos y 600 mil dólares por China. En el caso particular de Providencia, se estima en $258 mil millones la cifra invertida, o por invertir, para recuperarle la normalidad, a través de un grueso paquete de obras de infraestructura.

Pero la priorización de los trabajos no ha sido la esperada. Los providencianos acusan al Ejecutivo central de invertir recursos en proyectos que no colman las urgencias del momento ni solucionan sus problemas inmediatos, imponiendo su criterio contra la voluntad de la sociedad civil, con la que no existe diálogo, como tampoco lo hay con las autoridades locales, desplazadas y sin capacidad de interlocución. Un par de ellos, exigidos desde Bogotá, son la construcción de un guardacostas y de un muelle en una ecosistémica zona de concesión, tomada ilegalmente, se asegura, con grave riesgo de afectación arqueológica y ambiental.

El propio McGovern, en audiencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtió que existe una profunda diferencia entre las visiones de la gente de la isla y la del continente, y denunció que la construcción del puerto no solo desatiende el legítimo rechazo de la comunidad, sino que, además, limita su acceso. Y es, precisamente, esta posición dominante, asumida por el Gobierno Nacional, para imponer un modelo de desarrollo continental, sin concertar con el entorno insular y en clásico gesto colonialista con la población -a la que se le restringe el derecho a la libre determinación-, la que el citado congresista considera como “violación de los Derechos Humanos de los habitantes de las islas”.

Mientras se desconoce a la población, se priorizan proyectos innecesarios, se realizan censos interminables, se pronuncian exaltados discursos y se buscan excusas para justificar las demoras, son pocos, casi nulos, los logros en la construcción y reconstrucción de más de dos millares de viviendas, en la reparación de un centenar de establecimientos turísticos y en la construcción de 70 establecimientos comerciales, entre otros, prometidos para ser entregados en cien días. Ni siquiera se antepuso la reconstrucción del hospital y de un refugio para que los residentes tuvieran, al menos, donde protegerse y ser atendidos ante la eventualidad de otra eventual tragedia.

El país atraviesa por la peor coyuntura de las últimas décadas, con ciudades destruidas consecuencia de tanta frustración y de un acumulado malestar social. Y, de contera, con un departamento insular -cuya única fuente de ingreso es el turismo- derruido y con sus casas en el piso. Pero el presidente de la República, el de tanta promesa incumplida, tampoco se salva de ese poderoso vendaval que le golpea con furia, devasta su imagen y pone en jaque su gobernabilidad.

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