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Dado que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, este asunto debería dar lugar a sesudos debates acerca del modo de superar la desigualdad. No ocurre así. Buena parte de la derecha colombiana no la considera un problema o, simplemente, contra toda evidencia, sigue aferrada a la idea de que el crecimiento económico es como un remedio que lo cura todo, hasta las brechas más profundas de la sociedad. Por esta razón, quisiera presentar cuatro argumentos a favor de la lucha contra la desigualdad como camino para promover el desarrollo económico y político del país.
El argumento de justicia
El primer argumento es de tipo ético-político o de justicia, pero está estrechamente ligado a la discusión sobre el desarrollo económico. Según este argumento, la corrección de la desigualdad es indispensable para que cada persona pueda realizar su libertad. Usualmente, la libertad se define en forma negativa como la ausencia de interferencia externa en las escogencias que lleva a cabo cada persona. Esta definición de la libertad sólo mira una de las caras de la capacidad de escoger, que es el sentido más genuino de la libertad. Indudablemente, si una persona estuviese sometida a interferencias externas, como la de una autoridad paternalista que se atribuye la definición de qué es lo que debería hacer con su vida, su libertad estaría injustificadamente coartada. El tema es que esa libertad también está coartada, aunque de una forma anónima, cuando las oportunidades para el desarrollo de su capacidad de elegir están severamente restringidas.
Esta restricción anónima de la capacidad de elegir es la que sufren muchas personas que viven en una sociedad desigual en la cual el acceso a recursos básicos como la educación o la salud son limitados. Una persona que nace en una familia de escasos recursos tiene mucha menos probabilidad de realizar su potencial y, por tanto, de escalar posiciones en la pirámide social. Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que Colombia es un país con una muy baja movilidad social.
Nótese que uno no escoge ni en qué familia nace ni con qué habilidades. Por tanto, mantener intacta la estructura de oportunidades es someter a las personas a la lotería de la sociedad y la lotería de la naturaleza, i.e. si uno tiene la suerte de nacer saludable y en una familia acomodada, disfrutará de oportunidades que no tendrán quienes saquen los tiquetes perdedores en esas loterías. La intervención de las autoridades públicas en la corrección de la desigualdad de oportunidades es, por esta razón, el camino para dotar a las personas de medios para mejorar su capacidad de elegir y realizar su potencial.
El argumento estrictamente económico
El segundo argumento plantea que, cuando el número de personas que pueden realizar su potencial es reducido, el potencial global de la sociedad también lo será. En efecto, comenzando con lo más básico, si las personas no tienen acceso a condiciones de vida saludable ni a un sistema básico de salud y protección social, entonces verán su expectativa de vida severamente limitada y tendrán que emplear más esfuerzos en apenas sobrevivir, sin poder hacer un mayor aporte a la sociedad. La expectativa de vida de las personas más ricas también puede verse afectada en sociedades desiguales con sistemas de salud deficientes. Lo que mostró la pandemia del Covid-19 es que un sistema de salud es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Si hay personas sometidas a una gran vulnerabilidad, esas personas serán a su vez foco de transmisión de enfermedades para las demás. No hay ninguna burbuja que aísle completamente a un grupo social de la vulnerabilidad de los más pobres. De ahí la importancia de corregir la desigualdad en el acceso al sistema básico de salud y protección social.
A lo anterior hay que agregar que las limitaciones de acceso a una educación de buena calidad, así como al crédito, impiden que las personas con menos recursos puedan aportar al crecimiento económico de la nación. Para ser más productivas, las personas deben contar con suficientes conocimientos para que puedan desarrollar sus habilidades y desplegarlas en proyectos cuya eficiencia sea mayor que las formas conocidas de hacer las cosas. Deben contar también con acceso al crédito, cuando esos proyectos tienen la expectativa razonable de generar una mayor riqueza. Por tanto, uno no debería sorprenderse de que, en una sociedad desigual, en la cual las oportunidades para tener buena educación y contar con respaldo financiero para sus proyectos están concentradas, también está concentrada y limitada la generación de riqueza. De ahí que luchar contra la desigualdad económica sea el medio mejorar las condiciones para el desarrollo global de la sociedad.
No hay duda alguna de que las medidas contra la desigualdad demandan ejercicios de compensación cuidadosos para no desestimular la inversión productiva. La desigualdad se combate con impuestos y gasto público, lo cual significa que recursos que una persona podría dedicar a hacer más productivo su emprendimiento tienen que destinarse a un propósito público. No obstante, lo que demandan los ejercicios de compensación entre la libertad de empresa y la lucha contra la desigualdad es moderación para no sofocar la inversión y diligencia en el uso de los recursos recaudados, no abandonar la lucha contra la desigualdad.
El argumento sociológico
La conexión de este argumento con el desarrollo económico es muy estrecha. Las sociedades más desiguales suelen tener tasas de homicidio mucho más altas que las de las sociedades menos desiguales. En las sociedades más desiguales, las personas experimentan una mayor ansiedad acerca de su estatus y procuran mejorarlo incluso mediante la violencia. Este mecanismo se conecta con otro. En las sociedades desiguales, los inhibidores de la violencia suelen ser mucho más débiles, pues las condiciones en las cuales se socializan las personas con menos recursos suelen ser bastante adversas. Así las cosas, las sociedades desiguales experimentan mayores costos asociados al crimen violento. Si, además, la ciudadanía no confía o confía poco en la administración de justicia y en la policía, el número de crímenes contra las personas y sus propiedades suele ser mayor. Esto da lugar a que recursos que podrían estar destinados a actividades productivas tengan que desviarse hacia la inversión en sistemas de protección adicionales al sistema público estatal. De este modo indirecto, la desigualdad es uno de los frenos del desarrollo económico. Por tanto, luchar contra la desigualdad contribuye a reducir la violencia y la inseguridad, y permite que los recursos se dirijan a actividades productivas.
Lo dicho no es un argumento contra la inversión en seguridad. Sin capacidad para disuadir y reprimir a las organizaciones criminales, estas terminan por ocupar el vacío que dejan las autoridades. Se convierten en una suerte de proto o para-estado que, además de procurar ganancias en mercados ilegales, extraen rentas de la ciudadanía sometida a su control. La lucha contra estas organizaciones debe ser firme y continua hasta doblegarlas. Lo que no se puede hacer es descargar en el ejército, la policía, los fiscales y los jueces la tarea de acabar con las condiciones en las cuales florecen las organizaciones criminales. Esta es una tarea que demanda la reducción sistemática de la desigualdad y la pobreza.
El argumento político
El cuarto argumento es de carácter eminentemente político. Las sociedades modernas han procurado, de distinta forma, compaginar la igualdad política con la desigualdad económica. Un caso aparte es el totalitarismo comunista, que procuró abolir toda forma de desigualdad. La evolución que han tenido algunos países nominalmente democráticos ha sido, irónicamente, la de hacer nugatoria la igualdad política. En efecto, cuando las autoridades públicas les permiten a los más ricos adquirir una influencia excesiva en los debates políticos a través de diferentes canales, como la financiación de las campañas electorales o la propiedad de los medios de comunicación, las decisiones colectivas suelen reflejar esa influencia en detrimento del bien común, y también de la confianza de que las instituciones deben estar al servicio de toda la ciudadanía. Prueba de ello son, precisamente, los bajos niveles de confianza en el gobierno, el congreso y los partidos políticos en muchos países nominalmente democráticos.
La lucha contra la desigualdad podría contribuir a corregir esa influencia excesiva, y permitiría alcanzar un mejor equilibrio entre igualdad política y desigualdad económica. Por el contrario, mantener los altos niveles de desigualdad existentes debilita la cohesión social y política, lo cual dificulta que el país pueda encontrar soluciones colectivas efectivas a problemas acuciantes como la adaptación al calentamiento global.
La lucha contra la desigualdad y la Constitución Política
Uno podría decir que estos cuatro argumentos subyacen a los principios y derechos establecidos en la Constitución de 1991, y deberían haber inspirado una acción concertada de todos los gobiernos que hemos tenido desde entonces para luchar contra la desigualdad. No ha sido así. La gran mayoría de nuestros gobernantes han priorizado la seguridad y el crecimiento económico sobre cualquier otro objetivo. Por tanto, conviene insistir en el hecho de que, al adoptar el concepto de Estado social de Derecho y el amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, nuestro texto constitucional incorporó un orden objetivo de valores a nuestro sistema político y jurídico en el cual la lucha contra la desigualdad es una obligación. En efecto, el artículo 13 contiene una proposición que va más allá del clásico principio liberal de igualdad ante la ley, pues introduce el de igualdad de oportunidades. Además, establece que el “Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
Este texto fue fruto de un amplio acuerdo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Su falta de vigencia tiene que ver con el concepto de compromiso inauténtico, que acuñó el pensador reaccionario Carl Schmitt en su teoría constitucional, esto es, un acuerdo que no hace parte de la decisión fundamental tomada en la Asamblea acerca de la forma y la función del Estado. Si la derecha colombiana, así como muchos tecnócratas derechizados, siguen pensando así, el futuro del país seguirá atrapado en una forma crónica de subdesarrollo económico y político.
La lucha contra la desigualdad y la corrupción
Para concluir, quisiera plantear que no hay manera de que la lucha contra la desigualdad tenga éxito si persisten los actuales niveles de corrupción. El juicio histórico que recaerá sobre el primer gobierno de izquierda es el de haber dilapidado la oportunidad que tuvo de romper el círculo vicioso de desigualdad, pobreza, informalidad, violencia y corrupción, y transformarlo en un círculo virtuoso de probidad, equidad, seguridad y emprendimiento.
El presidente Petro creyó que podría imponer su voluntad con una estrategia que uno podría llamar ‘sansculottista’, en referencia al modo de obrar intimidante de los más pobres durante la Revolución Francesa. Cuando se dio cuenta de que por ese camino no iba a alcanzar mayores resultados, se decantó por la forma más perversa de repartija ilegal de los recursos públicos. Además, fiel a un libreto populista, ha hecho de la meritocracia su enemigo, como si esta fuera un obstáculo a la democracia.
Nuestro lenguaraz y abyecto presidente actúa de espaldas al hecho de que la corrupción aumenta la desigualdad y debilita la capacidad de las instituciones públicas para cumplir sus funciones. De acuerdo con la metáfora que acuñó Thomas Hobbes en su Leviatán, el Estado es una máquina. Si la corrupción engrasa en exceso todos sus engranajes y la pone a servir para unos pocos, no habrá modo de que reduzca la desigualdad. Así las cosas, invito a las personas que me leen a cambiar el título de mi artículo por el de “La lucha contra la corrupción y la desigualdad es una condición necesaria para que Colombia se desarrolle.
* Abogado y doctor en ciencia política; profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Recomendamos otro ensayo de este profesor sobre el futuro de Colombia.
Por Juan Gabriel Gómez Albarello * / Especial para El Espectador
