Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de buhardilla

Entre tercos

Nadie sensato está de acuerdo con que un país que tiene precaria infraestructura vial termine con buena parte de la misma completamente bloqueada por la protesta social, como está ocurriendo en el Cauca. Si eso es indiscutible, lo es también que la deuda social con los indígenas es grande y que compromete a muchos gobiernos, incluido el actual.

La estrategia del subpresidente Duque para ponerle fin a esta delicada situación es infantil, mezquina y peligrosa. Los indígenas están pidiendo que Duque vaya a conversar con ellos para levantar el bloqueo, pero este sigue insistiendo en que no va mientras esté suspendida la vía.

Están equivocados ambos. Los indígenas porque, si fueran rigurosos, deberían exigir que se hiciera presente Uribe en el Cauca, porque el mandatario es él. Estamos en su tercer mandato, como lo sostiene Ángela Robledo, sin duda el más cómodo, porque manda, abusa y ultraja sin correr riesgos. Duque es un remedo de jefe de Estado, y esta semana eso quedó en evidencia cuando Uribe llamó a una sumisa y obsecuente gerente de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, a darle órdenes que ella acató como un perrito faldero. Si otro hubiese sido el senador que llamara en medio de un acto público a un alto funcionario, el Centro Democrático no solo habría puesto el grito en el cielo, sino que lo habría denunciado y puesto en aprietos su investidura en el Consejo de Estado por tráfico de influencias previsto en el numeral 5 del artículo 183 de la Carta Política, en el artículo 411 del Código Penal y en el numeral 42 del articulo 48 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). Los indígenas deben exigir que sea Uribe quien ponga la cara, entre otras cosas, porque también en su gobierno les fallaron.

Pero está también equivocado Duque en rancharse en no ir al Cauca a enfrentar a los indígenas amotinados, invocando que no cede a vías de hecho, mientras el sur del país está ya deteriorándose a niveles peligrosos y alarmantes. De continuar este bloqueo y de llegar a extenderse a otras carreteras del país, podríamos llegar a vivir situación similar a la que sacudió a Bolivia y en cierta forma hizo presidente al charlatán dictadorzuelo de Evo Morales, cuando los indígenas paralizaron su país con marchas y movilizaciones masivas.

Pero son más fatales los yerros de Duque, porque además su táctica ya demostró que no es la solución a este problema. En efecto, Duque y sus desgastados voceros han asumido como gran argumento echarle la culpa al gobierno Santos, ignorando que fue el propio régimen de Duque quien retiró el trámite de un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior que habría traído importantes recursos a ese sector del país. La ministra del Interior no explica el por qué retiraron el proyecto, sino que reclama que se hubiese presentado tardíamente, y con esa bobería pretende sostener ese pulso ridículo que, como van las cosas, podría perder estruendosamente. Además, con esta coartada de sindicar a Santos aspiran a que no se vea la responsabilidad de los dos gobiernos de Uribe, durante los cuales la población indígena fue marginada y tratada con desdén.

Y para acabar de completar las torpezas, ahora el Gobierno trae en su auxilio al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ya empezó a regar gasolina en la carretera Panamericana, con su decisión de meter a la cárcel a un buen número de indígenas, con quienes orgullosamente dijo haber estrenado la Ley Natalia Ponce de León. Esto es el camino sin regreso, que bien puede terminar en algo parecido a una tragedia.

Duque debería entender que el principio de la solución no es la policía sino la política. Tiene que convencer y pedir permiso a Uribe para convocar en el Cauca uno de sus consejos Construyendo País donde pueda verse cara a cara con los indígenas, y además dejarse ayudar de los parlamentarios de la región. ¡No más improvisaciones!

Adenda No 1. ¿Qué otra marrullería se inventarán el Gobierno, el Centro Democrático y el inefable fiscal Martínez para torpedear la JEP, luego de que la ONU insistió en que se sancione la Ley Estatutaria?

Adenda No 2. En febrero se incrementó en 11,8 % el desempleo, y el Gobierno cree que toda va bien.

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