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Los enfrentamientos armados en el estado venezolano de Apure y la llegada de más de 4.000 personas desplazadas al departamento colombiano de Arauca es solo el último capítulo de la trágica situación que vive la zona fronteriza desde hace tiempo.
Objeto del abandono histórico por parte de los gobiernos nacionales, en Bogotá y en Caracas, la situación en la frontera colombo-venezolana se agravó en los últimos años con el rompimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países y el escalamiento verbal y político entre los dos gobiernos. Tanto Duque como Maduro confundieron las relaciones entre sus respectivos proyectos ideológicos, diametralmente opuestos, con las relaciones entre dos naciones - 50 millones de colombianos y 30 millones de venezolanos – que compartimos una historia común y una frontera de 2.219 kilómetros, de amplias regiones selváticas, pero también con unas zonas fronterizas vibrantes, pobladas por más de 5 millones de personas de lado y lado, interconectadas, en la práctica binacionales.
Después de más de dos años de la política exterior de Duque apostándole ciegamente a la caída de Maduro, incluyendo intentos delirantes para su derrocamiento lanzados desde territorio colombiano, Maduro sigue atornillado en el poder, la oposición está fragmentada y Guaidó profundamente debilitado.
El único resultado concreto de las no relaciones entre los dos países, en la práctica, ha sido el haberle entregado la frontera a la ilegalidad, en todas sus formas y modalidades. Con los cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales a lo largo de los últimos 5 años, el tránsito de personas, bienes y servicios está a cargo de organizaciones criminales, las únicas favorecidas por el estado actual de cosas. Y todo se agravó con la pandemia. Los acontecimientos recientes en Arauca/Apure, que, de hecho, era hasta hace poco una de las partes menos críticas de la frontera, agrega el ingrediente peligroso de lo militar y pone de relieve una vez más las secuelas de no existir la más mínima coordinación entre las instituciones nacionales de los dos países.
Por ello, es de suma importancia y pertinencia la solicitud elevada por parte de más de 300 colombianos y venezolanos, incluidas 60 ONG de ambos países, a la Organización de Naciones Unidas para que designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana. Su labor incluiría coordinar los esfuerzos de seguridad, velar por la protección de los Derechos Humanos, ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria, garantizar el intercambio de información epidemiológica y coordinación entre autoridades sanitarias en pro de una adecuada respuesta a la pandemia, adelantar la eliminación de minas antipersonas y promover los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de los pasos fronterizos formales, que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela. A la vez, se les pide a los dos gobiernos rescatar la racionalidad y la sensatez, que hagan parte de esta petición y que permitan la actuación del funcionario designado.
Aún en las épocas más tensas de la Guerra Fría, siempre existió un canal directo entre la Casa Blanca y el Kremlin (recuerden el teléfono rojo). Cuánto más grave la crisis entre dos países, más se requieren canales de interlocución. Sin embargo, aunque la normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela sería lo óptimo, no parece posible ni realista en el corto plazo. Por ello, ante la ausencia de la diplomacia oficial, la diplomacia ciudadana adquiere gran valor. La iniciativa de la sociedad civil binacional de invitar a la ONU, la máxima instancia internacional en materia de la paz, Derechos Humanos y lo humanitario, para que designe un enviado especial, puede abrir nuevos caminos.
La regularización de los migrantes venezolanos por parte del gobierno de Duque, mediante el estatuto de protección temporal, fue un paso muy importante en la dirección correcta. Otro paso significativo sería la reapertura de los consulados colombianos en Venezuela, que no significa un reconocimiento al régimen de Maduro, sino que responde al cumplimiento del deber del Estado colombiano frente a sus propios ciudadanos que residen en el exterior.
Es evidente que la situación en la frontera se les salió de las manos tanto a un lado como al otro. La crisis humanitaria se agrava a diario y la respuesta no puede ser continuar con la actual inexistencia de canales. Si Duque y Maduro quieren mantener rotas las relaciones entre sí, es asunto de ellos. Pero no mantengamos rotas las relaciones entre nuestras dos naciones hermanas ni sigamos volteándonos las espaldas cuando más nos necesitamos.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.