Epígrafes democráticos (II)

En la columna anterior me ocupé de tres temas: el periodismo, la política y nuestra Constitución. Hoy nos referiremos a la paz y la gobernabilidad democrática.

La paz. Colombia representa en nuestros días el más importante taller para la realización de investigaciones concernientes a la construcción de la paz.

Cuando hablamos de construir la paz entre nosotros, podemos sostener, con el apoyo de serios científicos sociales reconocidos mundialmente por su rigurosidad, que la paz –en sentido político– es la ausencia de violencia abierta, estructural y cultural.

No olvidemos: El problema más importante que debemos resolver los colombianos –en los próximos cuatro decenios– es el de la construcción de la paz.

Institucionalizar una nueva cultura de paz, implica tener la posibilidad de ver, vivir y sentir, la ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales y contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.

Conocedores de nuestra evolución constitucional, es conveniente tener en cuenta que –nunca como antes– la paz había sido objeto de tanto estudio a lo largo de su articulado. En nuestros días podemos sostener que el tema de la paz es transversal a nuestro ordenamiento constitucional y este debe ser tenido en cuenta, cuidadosamente, en el momento de desarrollar el pos-Acuerdo.

Como demócratas estamos invitados a comprometernos como sujetos activos que ejercemos la ciudadanía, aportando en la transformación de la inequidad social y la construcción de la paz.

Contribuir a crear una nueva cultura de paz, mediante la cooperación público–privada, es un camino apropiado para fortalecer nuestro proceso y nuevas formas de ver, vivir y sentir sus beneficios.

Recordemos que la Comunidad Internacional ha manifestado abiertamente, su respaldo a la cristalización del proceso de paz en Colombia. Así mismo, los más importantes Jefes de Estado y de Gobierno, han expresado su respectivo respaldo. Esa Comunidad, está interesada en que la implementación del Acuerdo sea exitosa y sirva de modelo para otros territorios en que impera la lucha violenta.

Sabemos que la paz debe ir de la mano de los derechos humanos y de la construcción democrática en todos los ámbitos. ¿Cómo no tener en cuenta que “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”? Preguntémonos: ¿Cómo olvidar que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”? ¿Por qué no retomar en las instituciones educativas, su vocación de constructoras de paz, difundiendo en todos los establecimientos una nueva cultura inspirada en nuestros preceptos constitucionales?

Sectores de la sociedad civil, en su conjunto, han abierto canales de reflexión y acción en torno a la paz, no solo como expectativa o como ilusión, sino como un marco de entendimiento cotidiano para el desarrollo concreto de la democracia. Si bien es cierto que la academia ha estado, en diferentes convocatorias públicas, a favor de un nuevo esquema de convivencia, es tiempo ya que se funde esa intencionalidad en una nueva vocación de servicio: la de repensar y elaborar los procesos de paz simultáneamente.

Tengamos en cuenta que quien encarna la legitimidad del Estado, para el manejo al más alto nivel del proceso de paz es, en nuestro régimen presidencial, el Presidente de la República.

Ante los hechos históricos de nuestro conflicto, el papel desempeñado por la mediación internacional ha demostrado -hasta la saciedad- que, hacia el futuro, es indispensable la presencia internacional para la mediación y verificación de los Acuerdos.

Hay que contribuir a crear un nuevo sentimiento ciudadano conociendo y desarrollando los postulados planteados en la Constitución del 91. Así mismo, revisar la totalidad del proceso de enseñanza–aprendizaje en torno a la formación política, desde la niñez. Estamos convocados a formar nuevos sujetos políticos; no podemos olvidar que en nuestro país la democracia participativa es incipiente; debemos construirla con responsabilidad.

Ante la complejidad de la situación contemporánea en nuestro país, se me presenta oportuno tomar distancia con dimensión de profundidad. Como en todos los momentos críticos, se impone pensar y actuar con serenidad, eticidad y sentido de grandeza, usando los mecanismos de la Constitución para redimensionar los preceptos y realizaciones democráticas propias del siglo XXI.

La ciencia, la investigación, la tecnología, la innovación y las instituciones educativas aliadas por la paz, se preocupan por construir conocimiento, pensamiento y opciones que puedan contribuir en la búsqueda de respuestas a las necesidades y problemas que causan las injusticias estructurales y los obstáculos culturales para la paz, la democracia y el desarrollo.

Es hora de eliminar las razones para el levantamiento armado, y ampliarlas para la participación de los estudiantes, las mujeres, los líderes comunitarios, los campesinos, la población afrocolombiana y los indígenas. Podemos creer que es posible un nuevo pacto social; preparémonos y llenémonos de argumentos, para dar pasos certeros y justos.

Al poner fin al conflicto armado, se cierra una historia de sangre y dolor. Con esperanza y confianza, podremos percibir que se abre una puerta para nuevas oportunidades para la paz, con progreso, democracia, derechos y más bienestar y tranquilidad. Es tiempo de reflexión, consciencia crítica, eticidad, organización y creatividad, para profundizar nuestra democracia colombiana.

Gobernabilidad democrática. ¿Qué entiendo por gobernabilidad democrática? Es la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas, dirigidas a la realización de un proyecto, que permita: i. La satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población; ii. Asegure la estabilidad de un orden político democrático; iii. Facilite una comunicación ética del gobernante con la comunidad; y iv. Asegure una acción eficiente y eficaz.

En términos cibernéticos, la noción de voluntad, está íntimamente ligada a la de poder político. Y éste puede ser entendido, en un sentido sencillo, como “la capacidad de actuar según su carácter, cualquiera que éste sea”. También, en sentido amplio, “la capacidad para explicar una preferencia particular en el comportamiento, o para alcanzar un objetivo particular, con la misma pérdida de capacidad para elegir un comportamiento diferente, o buscar un objetivo diferente”. En estas acepciones, puede verse la relación existente entre el poder, la voluntad y la política de desarrollo.

Dentro de la perspectiva cibernética contemporánea, la misión de la política es acelerar la innovación que se necesita Para quienes hemos tenido la oportunidad de reflexionar, en torno a aspectos teóricos y prácticos de la política, está clara su importancia tanto como disciplina científica como arte de gobernar para el bien común. No olvidemos que la actividad política puede servir tanto para producir innovaciones, avances y aún dirigir procesos de cambio radical, como para preservar valores, prácticas, comportamientos y procesos conservadores del orden establecido. Observando los procesos de las democracias occidentales especialmente después de la segunda mitad del decenio del cuarenta, es útil hacer notar tres grandes técnicas dirigidas a acelerar los procesos de innovación política: “La regla de la mayoría, la protección de las minorías y la institucionalización del disenso”.

El conjunto de los instrumentos tecno-sociales, disponibles en nuestros días y sus posibilidades de aplicación para el conocimiento de la política y el proceso de toma de decisiones sociales, son fundamentales para los procesos de comunicación y control y facilitan que unos volúmenes mayores de personas intervengan con conciencia informada en la vida política. Me inclino a pensar que cuando la política es usada para profundizar los procesos de participación social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, contribuye con eficacia a impulsar y consolidar los procesos de desarrollo. Notemos cómo los vertiginosos avances de la cibernética son muy útiles para la comprensión de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Por sofisticados que ellos sean, no debe olvidarse que están colocados al servicio de la inteligencia, el conocimiento y la transformación de los distintos sistemas políticos contemporáneos.

Mas también, observemos que los gobernantes deben crear condiciones para que la política facilite la comunicación entre los ciudadanos mediante la información oportuna y la institucionalización de la participación en el proceso de la toma de las decisiones. Y una pregunta final: ¿olvidaremos que uno de los componentes sustantivos de la gobernabilidad democrática nos es dado por la eticidad que debe existir en la comunicación entre el gobernante y los gobernados?