Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Espectáculo preventivo

Resulta temible cómo un solo hombre, rebosante de torpeza y severidad, puede mover al Estado hacia el absurdo y el abuso. El Estado tiene siempre una fuerza desproporcionada frente al ciudadano, sus movimientos imperceptibles, sus pequeños descuidos, pueden aplastarnos. Las payasadas de sus agentes implican siempre un peligro antes que una gracia. En sus despachos y oficinas lo risible termina siendo terrible para alguien.

Oír la majestad de la justicia encarnada en el fiscal que pide la detención preventiva de la hija de Aída Merlano causa miedo y desconsuelo. Aplastado en su escritorio, en medio de vacilaciones, el operador judicial dice: “Igualmente ese maquinar que se armó, es que eso no se planeó de un día para otro, eso no se planeó en la mañana de ese 1° de octubre, ni siquiera una semana antes; cuando uno observa estas películas o series de una fuga, son situaciones que se planean con mucha anterioridad, cuando tienen que hacer excavaciones, cuando tienen que lanzar muros…”.

Antes de ese alegato habían actuado decenas de policías, el avión para el traslado, las cámaras sobre la figura de una joven esposada como golosina para el apetito de la opinión pública que pide memes y escarmientos. No importa que la conducta de la hija de Merlano no encaje en el Código Penal, donde es claro que solo el “encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido” puede incurrir en el delito de favorecimiento de fuga. No importa la falta de evidencia para acusarla de complicidad. Se trata únicamente de presionar a la fugitiva, de castigar por interpuesta persona a la manera de las mafias y las dictaduras. La Fiscalía abusa de su poder sobre los ciudadanos para demostrar firmeza y ganar respeto, pero solo logra infundir miedo.

Al final, el fiscal cantinflesco confiesa su intención cuando busca acusar. Deja claro que solo quiere usar a la hija para encontrar a la madre prófuga: “Aquí hay una urgencia y necesidad de justicia en el sentido de que esta señora sigue evadida, nadie está dando información de dónde está, nadie dice dónde se encuentra, entonces esa es la urgencia y la necesidad, en el sentido de que se necesita recapturarla”.

Hablamos de la misma entidad que perdió a su fiscal anticorrupción en un trámite de extradición por lavado de activos. La misma que perdió a su fiscal general fingiendo dignidad mientras ocultaba sus turbias actuaciones en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años. El fiscal general que decía con sorna, en reuniones privadas, que él era un simple carcelero. ¿Hacia dónde se inclinaría el fiel de la balanza cuando se pone a un lado a la señora Aída Merlano y al otro al señor Néstor Humberto Martínez?

No es raro, entonces, que las absoluciones en casos de acusaciones directas (cuando no hay acuerdo ni aceptación de cargos) hayan crecido en Colombia desde 2008 hasta 2015, según datos de la misma Fiscalía. En esos casos, las absoluciones llegaron al 44,8 % en 2015 y es muy seguro que hayan conservado su tendencia al alza. Tampoco sorprende que desde agosto del año pasado hasta marzo de este año los procesos por detenciones injustas llegaran a 484 y sumaran pretensiones económicas cercanas a los $400.000 millones. Más de $1 billón pagó el Estado entre 2011 y 2018 por diversos abusos en procesos penales.

Los espectáculos de los payasos duros en la Fiscalía pueden resultar peores que el show sobre la cuerda floja de una congresista condenada por delitos relacionados con la corrupción.

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2019-10-09T00:00:58-05:00

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