La política exterior de Colombia, como la de cualquier país, es producto de intereses que reflejan en cierto grado la política doméstica, pero que también debe defender el interés nacional.
Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe las relaciones con el mundo han reforzado lo primero al ser un instrumento básicamente al servicio de la política de seguridad democrática. Ello se ha traducido, entre otros, en la militarización de la política exterior, el protagonismo del Ministerio de Defensa en su conceptualización y conducción, y la centralidad de temas como el narcotráfico, la contrainsurgencia (o lucha contra el terrorismo) y el fortalecimiento del Estado, que son ejes prioritarios de la política doméstica actual.
Estados Unidos ha ocupado un lugar especial dentro de este esquema, no sólo por la cercanía histórica que hay entre los dos países, sino porque —no sin razón— ha sido percibido como uno entre pocos que ha manifestado solidaridad “real” (en efectivo y especie) frente a la crisis interna colombiana. No menos importante, que durante la era Bush los dos gobiernos compartieron una visión análoga sobre asuntos de preocupación común que facilitó una estrecha colaboración bilateral.
Paulatinamente, el Gobierno Uribe se ha visto obligado a introducir cambios en su estrategia internacional. De un país inseguro y violento, con un Estado al borde del colapso que precisaba de la cooperación internacional para salvarlo, Colombia viene representándose como una nación que ha renacido de sus cenizas, constituyéndose en un ejemplo triunfante de consolidación estatal y contrainsurgencia. Este cambio en el discurso oficial ha hecho inoperante el esquema anterior de la “intervención por invitación” —del cual la negociación del uso estadounidense de las bases constituye un último rezago— haciendo necesaria una nueva directriz en política exterior que mantenga el vínculo con la política de seguridad democrática.
El Gobierno parece haberla encontrado en la idea de la “exportación de la seguridad”. Se trata del traslado de las experiencias aprendidas en Colombia a otros países con problemas similares de narcotráfico, crimen organizado o insurgencia/terrorismo. Entre los destinos a donde se ha comenzado a “exportar” distintos componentes del modelo —Afganistán, México, Guatemala, República Dominicana y Haití— llama la atención que, en mayor o menor grado, se trata de países que también interesan a Estados Unidos por los niveles de inestabilidad que presentan.
¿Colombia estará exportando seguridad en nombre propio, reafirmando con ello el vínculo entre la política doméstica e internacional del Gobierno Uribe? ¿Estará dando sus primeros pasos en la creación de una estrategia propia de una “potencia media”? ¿Se trata de acciones coordinadas con el tutelaje de Estados Unidos para crear vasos comunicantes entre las distintas iniciativas de lucha antidrogas, contrainsurgencia y fortalecimiento estatal que patrocina en el mundo? Al privilegiar la seguridad en la agenda externa, ¿no se estarán sacrificando otros intereses nacionales igualmente importantes?
Además de entrenar a la policía y las fuerzas de seguridad en otros países, ¿también se exportará la desgastada “guerra contra las drogas” y el modelo de los “falsos positivos”? ¿Qué piensa la Cancillería, el supuesto vocero internacional de Colombia, sobre la nueva política? Preguntas todas de fondo, y sin respuesta, ante tan polémica propuesta.
La política exterior de Colombia, como la de cualquier país, es producto de intereses que reflejan en cierto grado la política doméstica, pero que también debe defender el interés nacional.
Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe las relaciones con el mundo han reforzado lo primero al ser un instrumento básicamente al servicio de la política de seguridad democrática. Ello se ha traducido, entre otros, en la militarización de la política exterior, el protagonismo del Ministerio de Defensa en su conceptualización y conducción, y la centralidad de temas como el narcotráfico, la contrainsurgencia (o lucha contra el terrorismo) y el fortalecimiento del Estado, que son ejes prioritarios de la política doméstica actual.
Estados Unidos ha ocupado un lugar especial dentro de este esquema, no sólo por la cercanía histórica que hay entre los dos países, sino porque —no sin razón— ha sido percibido como uno entre pocos que ha manifestado solidaridad “real” (en efectivo y especie) frente a la crisis interna colombiana. No menos importante, que durante la era Bush los dos gobiernos compartieron una visión análoga sobre asuntos de preocupación común que facilitó una estrecha colaboración bilateral.
Paulatinamente, el Gobierno Uribe se ha visto obligado a introducir cambios en su estrategia internacional. De un país inseguro y violento, con un Estado al borde del colapso que precisaba de la cooperación internacional para salvarlo, Colombia viene representándose como una nación que ha renacido de sus cenizas, constituyéndose en un ejemplo triunfante de consolidación estatal y contrainsurgencia. Este cambio en el discurso oficial ha hecho inoperante el esquema anterior de la “intervención por invitación” —del cual la negociación del uso estadounidense de las bases constituye un último rezago— haciendo necesaria una nueva directriz en política exterior que mantenga el vínculo con la política de seguridad democrática.
El Gobierno parece haberla encontrado en la idea de la “exportación de la seguridad”. Se trata del traslado de las experiencias aprendidas en Colombia a otros países con problemas similares de narcotráfico, crimen organizado o insurgencia/terrorismo. Entre los destinos a donde se ha comenzado a “exportar” distintos componentes del modelo —Afganistán, México, Guatemala, República Dominicana y Haití— llama la atención que, en mayor o menor grado, se trata de países que también interesan a Estados Unidos por los niveles de inestabilidad que presentan.
¿Colombia estará exportando seguridad en nombre propio, reafirmando con ello el vínculo entre la política doméstica e internacional del Gobierno Uribe? ¿Estará dando sus primeros pasos en la creación de una estrategia propia de una “potencia media”? ¿Se trata de acciones coordinadas con el tutelaje de Estados Unidos para crear vasos comunicantes entre las distintas iniciativas de lucha antidrogas, contrainsurgencia y fortalecimiento estatal que patrocina en el mundo? Al privilegiar la seguridad en la agenda externa, ¿no se estarán sacrificando otros intereses nacionales igualmente importantes?
Además de entrenar a la policía y las fuerzas de seguridad en otros países, ¿también se exportará la desgastada “guerra contra las drogas” y el modelo de los “falsos positivos”? ¿Qué piensa la Cancillería, el supuesto vocero internacional de Colombia, sobre la nueva política? Preguntas todas de fondo, y sin respuesta, ante tan polémica propuesta.