Fiscal Barbosa, un tiro en el pie

Mediante un comunicado publicado con una rapidez que ya quisiera uno para casos penales de repercusión nacional, la Fiscalía General informó el lunes pasado que abría “indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, por presunta violación de medida sanitaria”. Con todo detalle legal y, podría decirse, disfrutándolo, ese organismo añadió que “un fiscal seccional, con el apoyo de un equipo del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones), recopilará y analizará el material probatorio que permita verificar la posible responsabilidad de la funcionaria”. La noticia se originó en un video grabado por una ciudadana que quiso expresar su rechazo a la presencia de la alcaldesa y de su esposa, la senadora Angélica Lozano, en un supermercado, pues, con ese acto, la pareja incumplía la medida de cuarentena que ordena que una sola persona por familia salga de casa a comprar los alimentos. Horas más tarde, un “lagarto”, de esos que se hacen llamar “veedores” y que atiborran los despachos judiciales con demandas insustanciales, se “pegó” del anuncio de la Fiscalía para exigirle a la Procuraduría que investigara a la alcaldesa, y a la Corte Suprema, que le abriera expediente penal a la senadora.

Para decirlo llanamente, López y Lozano, que han acumulado un enorme grupo de enemigos debido a que, cada una en su carrera, han confrontado a los clientelistas y han irrumpido, con notable éxito, en el mundo excluyente del poder masculino y del partidismo tradicional, dieron papaya. Por el lado de la alcaldesa, ni se diga: ella es quien ha mantenido confinados a los siete millones y medio de habitantes de la capital, convenciéndonos de que el aislamiento es arma indispensable para demorar la expansión del virus. Además, es la lideresa que hemos admirado por la determinación de sus decisiones y por la franqueza con que enfrenta sus desacuerdos con el presidente Duque en un país en que el 99% de los personajes con altas responsabilidades públicas o privadas prefiere guardar silencio y doblar sus rodillas ante el jefe de Estado de turno. En cuanto a la senadora Lozano, juiciosa, como pocos, con sus tareas, incurrió en una falta de comportamiento cuando, en lugar de dar ejemplo, irrespetó la regla que se espera que todos acatemos.

Dicho lo anterior, hay que ver los hechos en su justa dimensión y, después, analizar si la infracción que implica ir acompañado a comprar el mercado en tiempos de cuarentena es tan grave —en su impacto democrático— como tener indicios de corrupción electoral en las toldas del ganador de la Presidencia o contar con evidencias fotográficas y también en videos de la promoción que le hicieron a su candidatura personas vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos. La respuesta es obvia. Pero no para la Fiscalía de Francisco Barbosa que anuncia, a los cuatro vientos, apertura de indagación criminal, designación de un fiscal y de todo un equipo de investigadores para verificar si la alcaldesa fue a Carulla, a Jumbo o al Éxito puesto que ella ya admitió que se equivocó y le pidió disculpas a la ciudadanía. Y, en cambio, el jefe del ente judicial, de quien todos sabemos que se considera amigo de vida de Iván Duque, además de haber sido su activista de campaña y su subalterno en la Casa de Nariño, no solo no declaró su impedimento legal o ético frente a las decisiones que tendría que tomar la Fiscalía a su cargo, sino que sus funcionarios no han movido un dedo para indagar a los civiles sin fuero involucrados en el escándalo que afecta a su círculo político.

Sin embargo, hostigan a los agentes de la Dijín que grabaron las conversaciones pecaminosas del presunto narcotraficante Ñeñe Hernández con una asesora del expresidente Álvaro Uribe. Por si fuera poco, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, autores iniciales de las informaciones sobre la “Ñeñepolítica”, han denunciado ante la opinión y, vanamente, ante la propia Fiscalía seguimientos intimidantes, interceptación de sus comunicaciones y otros actos amenazantes. Ahí están ellos, su abogado y el también abogado Miguel del Río, defensor de la víctima en el proceso que implica al Ñeñe, exponiendo su existencia, sin protección. Con su comunicado sobre la alcaldesa, Barbosa notifica al país que es un instrumento de persecución política. Peligrosísimo porque este funcionario, que parece imitar las actuaciones de su antecesor, no tiene ni su astucia ni su autonomía. Torpe y subalterno, podría llegar a peores decisiones. Pero se pegó un tiro en el pie porque dejó al descubierto su talante ante la comunidad nacional e internacional.