Por: Juan Pablo Ruiz Soto

“Fracking”: pasión y decisiones

Como en el fútbol, la discusión en pro y en contra del fracking levanta pasiones. Cuando la pasión domina, el sentimiento lleva a que ningún argumento modifique una posición.

Reconociendo que el sentimiento juega en todas nuestras decisiones, desde la Comisión Interdisciplinaria Independiente proponemos que le sumemos capacidades e investigación al sentimiento, antes de decidir sobre el fracking. Identificamos tres etapas y proponemos empezar por cumplir a cabalidad la primera, para luego, en la tercera, evaluar qué se pierde o se gana con el fracking. Algunos quieren saltarse la primera etapa e iniciar por la segunda, la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). Esto genera grandes riesgos. Más vale andar lento, con prudencia y sin tomar atajos.

Recorrer la primera etapa, usando parte de los recursos que Ecopetrol anunció tener disponibles para los PPII, es una buena opción. El punto de partida —que a todos conviene— es la elaboración de la línea base en aspectos sociales, ambientales y económicos. Esto significa recopilar información sobre condiciones de vida de los habitantes del lugar, en temas como salud, educación, alimentación, uso de recursos naturales, organizaciones y cohesión social, actividades productivas, empleo e ingresos. Es recopilar y disponer de información completa sobre las condiciones socioeconómicas en la zona de influencia donde se pretende desarrollar los PPII. Esto debe complementarse con una línea base sobre el conocimiento actual de ecosistemas terrestres y acuáticos, descripción y estado de los acuíferos superficiales y subterráneos, sus características y dinámica actual, sismología, geología, etc. Construir una línea base completa que nos describa qué tenemos y cómo estamos antes de iniciar los PPII es indispensable para poder evaluar los impactos positivos y negativos de los PPII. A todos —comunidades, Gobierno, operadores, academia— nos interesa conocer el punto de partida.

Respecto a la institucionalidad, debemos identificar la capacidad y el tipo de institucionalidad que necesitamos para hacer riguroso seguimiento y control a los PPII. El referente es la institucionalidad en países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, que han hecho fracking comercial o de investigación. Debemos revisar esas experiencias y ajustar la nuestra según nuestras virtudes y limitaciones. No solo me refiero a la institucionalidad pública ambiental y minera, también a la institucionalidad responsable del desarrollo regional y local, que debe ser capaz de gestionar y usar de forma adecuada los recursos que lleguen a las comunidades por la actividad de extracción de hidrocarburos. Su uso debe apoyar la gestión de territorios sostenibles.

Algo que no requiere mayores recursos financieros, pero exige determinación gubernamental, es que todas las entidades públicas cumplan de manera rigurosa con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgando toda la información asociada a la identificación y extracción de hidrocarburos. Si comunidades, academia y ciudadanía en general no tienen acceso a esta información, es imposible avanzar en la reconstrucción de la confianza. Percibir que hay información oculta bloquea procesos y dificulta construir acuerdos para una participación constructiva y la veeduría ciudadana asociada a la ejecución de los PPII. En aspectos de regulación, monitoreo y control, la interacción entre los ministerios, la Contraloría y el Consejo de Estado tiene asuntos pendientes.

Avancemos gradualmente y con consistencia para tomar buenas decisiones.

 

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