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El Consejo de Estado, en su reciente pronunciamiento sobre el fracking, actuó en justicia y razón. En un documento muy completo examina elementos científicos, técnicos y jurídicos, nacionales e internacionales, e invoca el principio de precaución para mantener las medidas cautelares para el empleo del fracking.
No se justifican las reacciones de la doctora Suárez, ministra de Minas y Energía, quien amenaza que sin fracking se tendrá un dólar a $5.000 y el gas será 100 % más caro. Solo la sensatez de la mayoría hace que estas afirmaciones no sean el detonante de un pánico económico. Esto significa un fracaso estratégico de la ministra, quien no tiene otro camino que dejar su cargo. También se han presentado otras reacciones emotivas de interesados en el fracking, al ver el fracaso de la campaña mediática para presionar su empleo. Fantasmas y fake news para generar tensiones, miedo y justificar decisiones sobre la base del inminente desabastecimiento del país en hidrocarburos, históricamente desmentido por la realidad y los anuncios recientes de nuevos yacimientos.
Los combustibles fósiles sí están en crisis, no por las razones que sostienen los amigos del fracking, sino por exceso de la oferta mundial, dada la magnitud de los yacimientos disponibles, las técnicas de extracción, la consecuente presión a la baja de los precios y un corto período de vida útil del carbono como fuente energética fundamental debido al cambio climático.
Es necesario conocer públicamente y con transparencia la realidad de los yacimientos de todos los combustibles fósiles, de sus posibilidades de explotación y transformación para abastecer una demanda interna real; las políticas y planes concretos de ahorro energético; las opciones de generación a partir de energías alternativas más limpias, que desempeñen un rol central, no marginal, como se proyecta actualmente; el balance de emisiones de CO2; el acoplamiento de una política energética sostenible ambientalmente a corto y largo plazo, con un modelo de crecimiento económico y social ecológicamente sostenible. Entonces serán evidentes las alternativas a los falsos pilotos y a los enormes impactos sociales económicos y ambientales, en el tiempo y el espacio, de la política de explotación de hidrocarburos por medio del fracking.
Es necesario un gran debate nacional sobre la política energética; la realidad fiscal y el gasto; el futuro del comercio internacional de los combustibles fósiles; la oferta y demanda interna de energía; la matriz energética, el modelo de crecimiento al cual responde, sus límites y sostenibilidad; la propuesta de transición energética, ecológica, económica y social para lograr un desarrollo sostenible, en un planeta finito; los escenarios dinámicos de cambio climático y global, y los acuerdos internacionales. Un debate público organizado por un grupo multidisciplinario independiente, con amplia participación social, con el apoyo, por ejemplo, del Banco de la República, para que con toda la información disponible explore consensos sociopolíticos y proyecte en consideración la dinámica geopolítica global y modelos de sostenibilidad, más allá de las prioridades gubernamentales por definición de corto plazo.
