Glifosato y academia: hay “expertos” entre los “expertos”

Por: Álvaro Javier Idrovo*

El trabajo realizado por la Universidad Sergio Arboleda, la ANDI y Bayer sobre el glifosato, que fue enviado a la Corte Constitucional, ha suscitado gran polémica en los últimos días debido a las imprecisiones y errores presentes en la columna escrita por la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo (22/06/2019). Al consultársele al decano de economía de dicha universidad sobre los alcances de este trabajo, él fue claro en decir que la institución no tiene programas de química, salud pública o agronomía, y que su trabajo se fundamenta en la economía, la política y el derecho (24/06/2019). Este hecho es notorio, pues lo dicho por la Corte Constitucional busca la protección de la salud humana y el ambiente.

Ante esto, la pregunta es ¿a qué expertos de la academia debería preguntárseles este asunto? Y la respuesta simple y correcta es que los peritos adecuados son los que trabajan en salud y ambiente, lo que se denomina salud ambiental. Por cierto, este grupo (al cual pertenezco) ya se manifestó públicamente desde finales de 2016 en un documento publicado en El Espectador con el título de <<Glifosato, “verdades científicas” y toma de decisiones en salud pública>> (02/11/2016). Este texto elaborado por varios miembros del Nodo SAO (Salud Ambiental y Ocupacional) de Colombia, que incluye profesores investigadores de varias universidades públicas y privadas, resultó como respuesta a otro trabajo, liderado por Daniel Rico (por cierto, economista y politólogo), que usó los métodos de la epidemiología clínica al campo de la salud ambiental, y buscó desacreditar los pocos estudios sobre glifosato y salud realizados en Colombia. 

En dicho texto mostramos que los métodos usados eran incompletos y resultaban sesgados, ya que en salud ambiental se aceptan estudios observacionales y de laboratorio dado que no es ético realizar experimentos para estudiar agentes potencialmente nocivos. Además, se aclaró que ese trabajo era un documento gris, dado que no ha sido revisado por pares, hecho que ellos mismos criticaron del estudio de Adriana Camacho y Daniel Mejía (ya publicado en Journal of Health Economics), que sin duda es el estudio hasta ahora realizado en Colombia que mejor muestra los efectos adversos del glifosato en la salud humana. Por tal razón, los miembros del Nodo SAO validamos la decisión del ministro de salud de la época, Alejandro Gaviria, de prohibir el uso del glifosato basado en el principio de precaución. Fue una decisión muy razonable y sustentada en el informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que busca cumplir con lo manifiesto en la Constitución Política colombiana.

Sin duda, realizar estudios de temas como el glifosato o el fracking y la salud humana son difíciles, costosos y demorados, por lo cual los científicos colombianos no hemos podido dar respuesta a estos interrogantes. No es un tema de incapacidad intelectual, sino de falta de financiamiento estatal para poder realizar estos estudios. Al respecto, vale recordar que hace unas semanas como consecuencia de la muerte de un menor de edad posiblemente por glifosato, se puso en evidencia que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses carece de los métodos analíticos para cuantificar el glifosato y definir si la muerte fue provocada o no por el plaguicidas. Si no podemos hacer estos análisis químicos, ¿cómo pretendemos usar el glifosato?

Ante este debate que cada vez es menos científico y más político, es importante señalar que el asunto del glifosato y los efectos en la salud humana no deben entenderse sólo como un problema de una sustancia química y sus propiedades. Esto es importante de resaltar porque la mayor parte de los “opinadores” se quedan en este punto, sin considerar las características de las personas que son expuestas, en contra de su voluntad, durante las aspersiones aéreas.  Además, deben considerarse las condiciones de salud, susceptibilidad y nutrición de las personas expuestas en los sitios remotos donde se encuentran los cultivos que se quieren fumigar, que como se ha visto en los diferentes medios de comunicación son mucho más vulnerables que el promedio de la población colombiana que vive en las ciudades, desde donde se toman cómodamente las decisiones de usar el glifosato. Los datos sobre estad diferencias abundan, y siempre muestran que quienes viven en zonas rurales, de difícil acceso, con pobreza, suelen estar malnutridos y en condiciones de salud precarias. Por ello, si se quiere discutir estos temas con nivel es importante que se consulte a quienes han dedicado tiempo a estudiar el tema; no todo se resuelve desde la economía, la política y el derecho.

*Director Escuela de Medicina UIS