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La designación presidencial del exsenador Aurelio Iragorri Hormaza en la Universidad del Cauca, una muestra.
Un creciente número de universidades públicas se ha convertido en fortines políticos y botines clientelistas, lo que constituye una corrupción de la naturaleza de la institución universitaria. Nos lo recordó el reciente nombramiento de Aurelio Iragorri Hormaza, a sus venerables 80 años, como representante del presidente de la República en el Consejo Superior, CSU, de la Universidad del Cauca, a pocas semanas de la escogencia de rector. La comunidad entiende a qué va.
El Gobierno nacional también. Son tres billones de pesos largos los que transfiere la nación a las 32 universidades estatales, y hay una clase política que algo quiere direccionar de ahí para su beneficio. El problema para el Gobierno es que está incumpliendo de facto el mandato constitucional y legal de "ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación" cuando sus representantes en los CSU van a otra cosa —el delegado del Ministerio de Educación, MEN, suele ser alguien más interesado en el subsector que en la política.
El Gobierno no puede decir que la autonomía universitaria es culpable de la deriva política y clientelista de no pocas universidades públicas, porque la autonomía es relativa. Un Gobierno decidido a ejecutar una política de educación superior arrancaría con cuatro de nueve votos en el CSU, sumando a los dos propios el del gobernador —o alcalde— y el del sector productivo. En cualquier caso, no es a espaldas del MEN que ocurren las cosas.
La complicidad del Gobierno se explica más por omisión, por vista gorda, por negligencia. Sin contar el capítulo penoso de los proyectos de regalías. Así que ayudaría bastante a corregir la tendencia la profesionalización de la representación del presidente y del MEN en los CSU. Tener un staff de exrectores y exdecanos respetados que lleguen a las sesiones de los consejos superiores con carpetas de datos y análisis preparados por técnicos de dedicación completa, todos bien remunerados por el MEN.
Tan desconsiderado e inconveniente es pretender que el exsenador Iragorri se aplique a reportes prolijos sobre la marcha y el rol de la Universidad del Cauca, como que una joven abogada pase de una buena trayectoria en el Consejo Superior de la Judicatura a ser delegada del MEN en un montón de CSU. La poca información pública del MEN en línea al respecto indica que no tienen bien organizado ese proceso, si es que se ve así.
Ciertamente, la inspección y vigilancia (Ley 1740 de 2014) es un proceso formalmente distinto de participar en la dirección colegiada de las universidades públicas, pero si no se hace bien la tarea en los CSU, será más difícil actuar a tiempo. Ahora mismo hay universidades que ameritan medidas de vigilancia especial para detener la corrupción, pero la vista gorda es un problema muy serio.