Por: Gustavo Gallón

Hacen falta más “terceros”

869 individuos han manifestado voluntariamente su intención de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ser procesados judicialmente por ella en su condición de “terceros”. Se trata de quienes, sin haber sido combatientes, han cometido delitos relacionados con el conflicto armado. 117 de ellos son agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y los restantes 752 son particulares o civiles que, sin ser titulares de un cargo público, han perpetrado un crimen de tal naturaleza.

869 copartícipes son pocos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de crímenes cometidos en relación con la guerra por numerosos jueces, fiscales, notarios, registradores, funcionarios del extinto DAS, alcaldes, gobernadores, secretarios de administraciones locales, ganaderos, industriales y empresarios de todo tipo que han sido identificados por las autoridades. Solo en la sentencia contra alias Monoleche, proferida el 9 de diciembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, se dice que en relación con el Bloque Montes de María la Fiscalía había compulsado 6.012 copias, 331 contra dirigentes y líderes políticos, 106 contra servidores públicos y 5.355 contra otras personas (párrafo 351).

Quienes entre ellos estuvieren vinculados formalmente a una investigación penal ante la justicia ordinaria tenían plazo para manifestar su voluntad de sometimiento a la JEP hasta el pasado 6 de septiembre, cuando se cumplieron tres meses de la entrada en vigencia de la ley estatutaria de esta jurisdicción. Para los demás, el plazo es de tres meses a partir del momento en que sean vinculados formalmente a una investigación penal.

La Fiscalía creó, desde diciembre de 2015, un Grupo de Trabajo de Compulsas de Copias e Investigación de Postulados Excluidos. En respuesta a un derecho de petición formulado por la Comisión Colombiana de Juristas en febrero de 2018, el fiscal coordinador de dicho grupo informó que allí se adelantan 88 investigaciones (65 por el procedimiento de la Ley 600 de 2000 y 23 por el de la Ley 906 de 2005). Si bien cada investigación puede abarcar varios hechos, la considerable diferencia entre 88 investigaciones y 6.012 compulsas de copias parece indicar que una cantidad significativa de dichas compulsas no está siendo objeto de investigación.

Los mal llamados terceros (algunos de los cuales pueden ser en realidad “primeros” o principales responsables de determinados delitos) tienen la posibilidad de contribuir a la verdad, a la reparación de las víctimas y a la paz, así como de beneficiarse de un régimen sancionatorio benigno a cambio de su colaboración con la justicia. Pero tal parece que algunos de ellos (quizás muchos) están más confiados en la impunidad que les brinde la eventual inacción de la Fiscalía que en el tratamiento favorable que les pueda ofrecer la JEP.

De ser ello así, las víctimas no tendrán otra opción que actuar decididamente ante la Fiscalía y ante la justicia internacional para que estos terceros se convenzan de la conveniencia de comparecer voluntariamente ante la JEP, antes de que sea demasiado tarde. Probablemente esta vez sí termine siendo verdad que la justicia cojea, pero llega.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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