¿Hacia dónde sopla el viento?

Gaza, en la costa oriental del Mediterráneo, es territorio autónomo palestino y una de las zonas con mayor densidad poblacional del mundo. Sin embargo, a lo largo de 30 años ha estado bajo la vigilancia y control de Israel, país con que limita al este y al norte. A los estrictos controles sobre el movimiento de sus habitantes se han sumado numerosas andanadas militares israelitas que en la última década han reconfigurado sus fronteras a través de ataques armados.

El espacio para vivir se reduce día a día, no sólo mediante el ejercicio de violencia directa contra población civil sino también de la vigilancia de cada uno de los pasos que se dan y no se dan. A este control se suma desde 2014 la demolición de tierras agrícolas y residenciales por parte del ejército israelí en la frontera este de Gaza. Con el propósito de devastar las tierras agrarias que colindan con la frontera, se ha implementado la aspersión aérea no anunciada de herbicidas. Principalmente de glifosato.

De acuerdo con declaraciones de asociaciones defensoras de los derechos humanos, las aspersiones “no solo han destruido franjas enteras de tierras anteriormente cultivables a lo largo de la cerca fronteriza, sino también cultivos y tierras de cultivo a cientos de metros a la redonda en territorio palestino, lo que resulta en la pérdida de los medios de subsistencia para los agricultores de Gaza”. Equipos de periodistas y activistas han documentado con video tanto los helicópteros como las nubes de herbicidas que se mueven rápido o despacio de acuerdo con la rapidez del viento. Algunas versiones dan cuenta de la preparación: contratistas del ejército israelí queman algunas llantas primero, para asegurarse de la dirección y velocidad en que se mueven los vientos en el día de fumigación.

Investigaciones de asociaciones internacionales, algunas al interior de Israel, han demostrado que cada aspersión deja una estela destructiva “única”. Esto, pues no hay dos aspersiones iguales. No se puede predecir el daño que causará cada una, pues todo depende de cómo amanezca el viento, hacia dónde lleve los productos químicos, cómo estos productos se mezclen con el aire, y qué tan rápido se mueva el helicóptero (entre otras variables).

Desde 2016 se han presentado demandas en que se resalta que el químico rociado por los contratistas militares israelitas, Roundup, “ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno y no está destinado a la pulverización aérea, tanto por los riesgos para la salud como también por los riesgos para los cultivos cercanos”. Asociaciones de cultivadores, apoyados por organizaciones humanitarias multilaterales, exigen que el ejército de Israel los compense por los daños.

Una situación bastante similar, aunque más prolongada en el tiempo, se ha presentado en Colombia. Con la diferencia de que, en nuestro caso, es el gobierno desde Bogotá (con ayudas económicas y logísticas de los Estados Unidos) el que decide sobre la fumigación de un territorio interno en el marco de una guerra desde siempre perdida “contra las drogas”.

El Juzgado Primero de Familia en Pasto suspendió la audiencia pública programada para el 27 de mayo que pretendía discutir el regreso de la aspersión aérea con glifosato en el país, pues vulnera la debida participación de las comunidades afectadas. Esto lo debemos sobre todo al trabajo de asociaciones campesinas de Policarpa, en el oriente del departamento de Nariño, que interpusieron tutelas solicitando la protección de sus derechos a la participación, la consulta previa y el debido proceso para realizar, en modalidad virtual, la audiencia pública. Si hay algún futuro más justo, estas y otras poblaciones habrán de recibir reparaciones.