Por: Gustavo Gallón

Haciendo trizas la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

El Gobierno ha anunciado, con gran estruendo, un “Plan de Acción Oportuna para la Protección de Líderes” (PAO), y la creación de una “Comisión Intersectorial para el Desarrollo del PAO”, mediante el decreto ordinario 2137 de 2018 (nov. 19). Pretendería lograr así una “reingeniería institucional” para articular los múltiples espacios de respuesta al gravísimo problema del asesinato creciente de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Grave sí es, pues, según el Programa Somos Defensores, en los tres últimos años se ha duplicado el ritmo de agresiones contra defensores y líderes sociales: en el año 2016, 82 defensores vieron afectado su derecho a la vida; en 2017, 106; en el primer semestre de 2018, 81. En años anteriores también hubo agresiones, pero la situación se ha agravado visiblemente: en 2010 se registraron 32 víctimas; en 2011, 55; en 2012, 71; en 2013, 79; en 2014, 56; y en 2015, 66. En total, en los ocho años y medio transcurridos desde 2010 hasta junio de 2018, 628 defensores y líderes sociales han sido muertos o desaparecidos. Es una cifra aterradora, a la cual deben agregarse los atentados (que son homicidios fallidos): 328. Y las amenazas: 2.646.

Pero el anunciado plan no parece oportuno, porque desde que se inició el Gobierno hasta el 14 de noviembre han sido asesinados 32 líderes sociales y defensores (54 desde el 1º de julio, según la Comisión Colombiana de Juristas). Además, no había necesidad de crear una nueva comisión, pues ya existía para estos efectos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que funcionaba desde el 3 de febrero de 2017, en virtud del decreto-ley 154.

El objeto de la CNGS es más ambicioso: diseñar y hacer seguimiento a “la política pública y criminal en materia de desmantelamiento” de organizaciones paramilitares o similares, responsables de homicidios contra defensores y líderes sociales. La Comisión del PAO solo pretende “articular, orientar y coordinar los programas de protección y recursos de las entidades del Gobierno involucradas en la prevención y protección individual y colectiva de defensores, líderes sociales, comunales y periodistas”. En realidad ello es apenas una de las 16 funciones atribuidas a la CNGS. Otras le permiten recomendar reformas institucionales, construir estrategias para identificar fuentes de financiación, proponer mecanismos para la revisión de antecedentes delictivos.

La Comisión del PAO es, pues, una versión recortada de la CNGS en su propósito, pero también en su composición: está integrada por el presidente de la República, los ministros del Interior, Justicia y Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección. La CNGS cuenta además con cinco miembros de sociedad civil (tres a título de expertos, nombrados por consenso del Gobierno y la Farc, y dos en representación de plataformas de derechos humanos).

A pesar de que la Comisión del PAO no tiene rango legal, y la CNGS sí, ninguna alusión a esta se hace en el decreto que crea aquella. ¿La “reingeniería” consiste entonces en excluir a la sociedad civil de este tema y poner en sordina la CNGS? Sólo falta que la graven con IVA.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

 

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