¿Hay o no hay dinero para la justicia?

HACE ALGUNOS MESES ASONAL ORganizó un paro, exigiendo entre otras cosas unos ajustes salariales; el Gobierno nacional manifestó de manera reiterada que no disponía de dinero suficiente para atender tales demandas, accedió a algunas de ellas y decretó una emergencia judicial para conjurar en forma definitiva el paro. Varias semanas después, la Rama Judicial se queja de que el Ejecutivo no ha cumplido los compromisos que adquirió con sus empleados.

En el segundo semestre de cada año es frecuente que algunos despachos judiciales se queden sin papel, de tal manera que quien esté interesado en la versión escrita de una providencia debe llevar las hojas necesarias para imprimirla. Por la misma época, muchos de sus teléfonos han dejado de funcionar por falta de pago y no pocos fiscales o jueces ponen dinero de su bolsillo para comprar las cintas que sus impresoras requieren. Alguno más, ante la carencia de recursos oficiales para el mantenimiento de los equipos, decide llevar una computadora de su propiedad para poder trabajar, a sabiendas de que su eventual reparación correrá por su cuenta.

En varios de los edificios que ocupan en el centro de Bogotá, los encargados de administrar justicia suelen verse periódicamente privados del servicio de agua, debido a la falta oportuna del pago de ese servicio o a la ausencia de recursos para mantener los baños en funcionamiento. Recientemente se ha ordenado el desalojo de una de las sedes más grandes de despachos judiciales de Bogotá, ante la evidencia de que la estructura del edificio resulta insegura, lo que ha llevado a la búsqueda de sedes alternas, normalmente en viejos edificios del centro de la ciudad. En Cali las protestas de los empleados van en aumento, porque pese al tiempo que ha transcurrido desde el atentado criminal contra una de las sedes judiciales, todavía no se dispone de instalaciones aptas para desarrollar sus labores.

El Viceministro de Justicia, empeñado en sacar adelante la idea presidencial de penalizar el porte y consumo de la dosis personal, ha propuesto la creación de tribunales multidisciplinarios en todo el país, que estarían conformados por abogados, médicos y sicólogos. La Policía se encargaría de perseguir a todas las personas que tengan consigo o consuman sustancias estupefacientes, los pondrían en manos de esos tribunales especiales cuyos integrantes determinarían si la persona requiere tratamiento médico y, en caso de que así fuera, procederían a suministrárselo incluso por la fuerza.

Si la Rama Judicial no dispone de dinero suficiente para que los funcionarios judiciales tengan agua, teléfono y papel todo el año, ¿cómo se espera financiar la creación y funcionamiento de esos tribunales especiales multidisciplinarios? Si el Estado adeuda a las Empresas Prestadoras de Salud cerca de setecientos mil millones de pesos, ¿cómo aspira a tener recursos suficientes para costear el tratamiento médico de los cientos de miles de consumidores ocasionales de droga que hay en Colombia? Resulta francamente inconcebible que el Gobierno pretenda gastarse una parte importante de los pocos recursos que destina a la administración de justicia, en el capricho de conseguir que le aprueben un cuestionable proyecto de ley mientras los empleados judiciales desarrollan sus labores en precarias condiciones.