Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Hidroituango, síntesis de un país ilegal

Lo ocurrido el pasado 5 de febrero con el manejo del caudal del río Cauca es la patética demostración de la ilegalidad del país. Pudimos constatar cómo el caudal ecológico mínimo fue violado de manera planificada. Una vez más, la legislación ambiental se tomó solo como referente ético. Respetar la ley hubiese exigido un procedimiento distinto.

Esta no es la única agresión que ha recibido el río Cauca. La agresión se inició hace décadas, con la tala del bosque ribereño a lo largo de la cuenca, la conversión de sus ciénagas en potreros y cultivos, y el descargue de aguas servidas de pueblos y ciudades. Se incrementa al atrapar los sedimentos en las represas y se convierte en agresión a la salud pública cuando se vierte mercurio y cianuro por la explotación del oro. La violación cotidiana de la normatividad ambiental, que viven muchos ríos de Colombia, llegó a su máxima expresión la semana pasada. Esta ilegalidad, arropada por el “poder del carriel antioqueño”, es solo un eslabón en la cadena de ilegalidades que, como país, tenemos que erradicar.

El impacto ecológico y social de esta acción es incalculable, pero si el país se lo propone, y se limita tanta actividad ilegal en su cuenca, se podrán recuperar algunos de los atributos del río Cauca: el paciente aún tiene signos vitales y debemos atenderlo. Solo parcialmente dependerá de nosotros lo que suceda, pues la naturaleza es la que, ante la grave afectación, reacciona y actúa.

El impacto exige hablar de responsables y compensaciones. Nunca será posible compensar al 100 % a los afectados. ¡Decirlo es ridículo! Pero hay que compensarlos, aun cuando solo se logre parcialmente. Una semana de trabajo para “rescatar peces moribundos” y la siembra de alevinos en aguas empobrecidas no compensan un modo de vida simbióticamente relacionado con la pesca y la vida del río. EPM tiene una deuda eterna con los habitantes ribereños y con el país, pero debe disminuir la magnitud de su pasivo. Especialmente ahora que, según el presidente Duque, la protección del ambiente es un tema de seguridad nacional.

Un día antes del desastre, como parte de la política de defensa y seguridad nacional, el presidente había anunciado que agua, biodiversidad y medio ambiente son activos estratégicos de la nación y que su protección y preservación se convierten en asunto prioritario para el país. Somos capaces de decir una cosa y simultáneamente hacer todo lo contrario.

Tenemos que aprender del horror de Hidroituango. Ahora que la tecnología permite democratizar la generación de energía, debemos suspender los megaproyectos, incentivar la generación de energía eólica y solar desde las casas y pequeñas propiedades, y conectar estos pequeños generadores a la red de distribución. Esto ya está inventado y operando en muchos lugares del mundo, desde Washington hasta Pekín, pasando por Europa y África. Dados los altísimos costos económicos, sociales y ambientales de las grandes presas y del carbón, hoy las energías solar y eólica son alternativas mucho más baratas. Es tiempo de pasar la página. Aprendamos de nuestros errores y democraticemos la generación de energía, así los grandes inversionistas presionen por algo distinto.

 

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