Hiperpresidencialismo

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En el corto período de esta pandemia el aumento del poder presidencial es quizás el más acentuado de los últimos 70 años en Colombia.

En épocas de crisis agudas el papel del Estado aumenta y, con él, el poder de los gobiernos. Así ha sido en buena parte del mundo, en que los gobiernos han sido los timoneles en medio de la oscuridad de la tormenta. El sector privado quedó privado tanto de la demanda como de la oferta, y la sociedad civil perdió buena parte de sus derechos civiles.

En Colombia la tendencia ha sido más acentuada, porque nuestro sistema político tiene un marcado sesgo presidencialista. Principalmente en los asuntos de orden público y gasto público. Aunque la Constitución del 91 limitó mucho la autoridad presidencial, mantuvo rezagos como los poderes exorbitantes en la conmoción interior, así como en la emergencia económica y social. Mientras que en la mayoría de los países los paquetes de salvamento fiscal han sido decididos en conjunto por Ejecutivo y Legislativo, acá el Gobierno ha ejercido un poder limitado solamente por plazos artificiales para expedir decretos con fuerza de ley. Por Constitución, el Congreso solo tiene control posterior sobre las decisiones de emergencia, y encima ha estado limitado por no poder usar su sede, a diferencia del Ejecutivo. El control legal posterior, en cabeza de la Corte Constitucional, llegará cuando la mayoría de las decisiones por decreto se hayan consumado.

Las atribuciones de las autoridades departamentales y municipales han sido subsidiarias y condicionadas a las del nivel central. A tal punto que el Gobierno centralizó las facultades de endeudamiento y tomó unilateralmente los recursos del fondo que contenía los ahorros territoriales. Y supeditó a su autorización las decisiones en materia de convivencia social.

Esas facultades prácticamente dictatoriales que le concede el ordenamiento jurídico al presidente de la República en situaciones de emergencia se basan en el precepto de que las emergencias requieren una reacción rápida. Sin embargo, han sido más oportunos países cuyas medidas fueron tomadas por los congresos y por autoridades locales en sistemas federados. En materia económica, el Gobierno ha sido marcadamente tardío, como en la concesión de subsidios a la nómina, que llegaron cuando habían transcurrido casi dos meses y se habían perdido más de cinco millones de empleos, mientras el ministro de Hacienda permanecía tercamente impasible. Y en materia de combate de la pandemia, ha sido más rápida la Alcaldía de Bogotá en casi todas las decisiones, al tal punto que empujó al Gobierno Nacional a decretar la cuarentena con un simulacro preventivo obligatorio.

Aunque el presidente Iván Duque tiene un talante democrático, existe el riesgo de que el país se haga a la idea de que funciona mejor con una sola institución y sin disenso. Muestra de eso es la intolerancia de muchos frente a las tensiones entre el nivel nacional y local, que no solo son legítimas, sino necesarias. Y la tendencia de dejarles los costos políticos a los alcaldes y aplaudir todas las decisiones presidenciales sin siquiera mirar los resultados. Una de las lecciones de esta crisis es que deben revisarse las facultades hiperpresidenciales.

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