Por: Beatriz Vanegas Athías

Iglesia y derechos humanos

Debería existir una automática conexión entre Iglesia y derechos humanos en esta Colombia tan afecta a la religión católica y a sus otras derivaciones o sectas, pero, igualmente, tan dada a pisotear los derechos básicos de sus habitantes. Sin embargo, no hay tal. Nuestra tradición religiosa se ha sustraído soterradamente de la defensa de los derechos humanos de los mismos feligreses que sostienen su templo, cuando no es por omisión, es por acción directa. Recordemos por ejemplo los afectos no disimulados de nuestro clero por la matanza de liberales en tiempos de pájaros y chulavitas. El púlpito puede apaciguar, pero en Colombia ha optado en muchas ocasiones por incendiar.

Con el correr del siglo surgen ovejas que se extravían del redil ortodoxo, conservador y elitista y ofician de palabra y acción como portadores del progreso y la justicia social, vale mencionar al padre Francisco de Roux, verdadero gestor de paz y de perdón.  Todo lo anterior para decir que mañana en la Universidad Javeriana se entrega el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia como un homenaje a las defensoras y los defensores de los derechos humanos y un reconocimiento público de respaldo a su trabajo como un mecanismo de protección y visibilización de su aporte a la construcción de democracia y paz en Colombia.

El premio ha sido liderado, financiado y construido por el Programa Colombia de Diakonia ininterrumpidamente desde el año 2012 y para su sexta versión de 2017 cuenta con el apoyo de la Iglesia sueca, quien se une en el propósito de reconocer y enaltecer la labor de hombres, mujeres, procesos, organizaciones que algunas veces de manera anónima e invisible defienden los derechos humanos como sociedad civil.

Tres categorías se premiarán: la primera, Defensor o defensora del año, en ésta encontramos seres tan sufridos y valiosos como Samuel Arregoces, quien inicia su trayectoria como líder social a los 18 años cuando experimentó el desalojo de su familia en Tabaco, municipio de Hato Nuevo. Desde entonces se ha dedicado a la defensa del territorio, el agua y la vida de varias comunidades afrocolombianas y del pueblo indígena wayùu, en el sur de la Guajira. Vale mencionar también, entre otros, en esta categoría, a Milena Quiroz Jiménez, vocera regional de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. Es una lideresa que inicia su trabajo defendiendo la vida y la permanencia de territorios que tienen en cuenta y respetan las prácticas productivas tradicionales, promoviendo el respeto por la tierra y su conservación, tomando como sustento su relación con la minería artesanal y la pesca sostenible, con el fin de generar empoderamiento de la población y capacidades para el desarrollo local. Y Leyner Palacios Asprilla, líder afrocolombiano que  hace parte del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá. La masacre perpetrada por las Farc-Ep en el año 2002 lo llevó a liderar la reivindicación por los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Las dos restantes categorías premiarán los esfuerzos de procesos en la modalidad de ONG, colectivos o acompañantes y la categoría tres será  reconocimiento “a toda una vida”, es decir, a aquel  defensor o defensora que por su valor, “perseverancia”, y “presencia” se ha empeñado en la defensa de los derechos humanos.

De afuera vendrán y ejemplo te darán, reza el  refrán, por ello no es paradójico que sea la Iglesia sueca quien apoya a organizaciones en Colombia desde hace más de diez años para contribuir a la superación del conflicto armado y para construir una paz justa y duradera a partir de una amplia participación social y el pleno respeto por los derechos humanos.

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