Ilegalidad y legalidad en el campo

Julio Carrizosa Umaña
02 de abril de 2018 - 02:30 a. m.

Cada año llegan al campo colombiano varios miles de millones de dólares ilegales generados por los adictos a la cocaína en los países ricos y de esos mismos países a veces llegan algunos cientos de millones de dólares legales para combatir el narcotráfico. Ese desequilibrio entre los dólares legales y los ilegales ilustra el problema actual. ¿Cómo revertirlo?

El Plan Colombia trató de hacerlo y tuvo algunos éxitos, pero no fue lo suficientemente profundo y largo para subsanar los problemas principales: la baja productividad estructural y la pobreza tradicional de los campesinos colombianos. No hay hoy ningún cultivo legal que pueda competir con el dinero, seguro, rápido y continuo, que los narcos ofrecen a los campesinos pobres y ricos.

El gobierno actual ha tratado de modificar la situación con dos instrumentos: los cultivos alternativos y el control policivo, sistemas que ha modificado para aumentar su eficiencia, pero las características y el deterioro actual de nuestros ecosistemas, el cambio climático, la inestabilidad de los mercados, las normas fiscales y los procedimientos estatales han mermado su eficacia.

La complejidad del territorio es imposible modificarla pero, paradójicamente y sin darse cuenta, el gobierno Trump ha abierto una rendija para equilibrar los dineros ilegales con los legales; su interés en disminuir los impuestos a las corporaciones al mismo tiempo rompe el consenso acerca de la autonomía de los bancos centrales y da ejemplo de emisión para resolver el déficit fiscal, como lo anota Eduardo Sarmiento. Para poder financiar el gasto del Estado, los gringos tendrán que imprimir más billetes y romper así las reglas que ha tratado de imponer el neoliberalismo por encima de las teorías de Keynes.

El próximo gobierno se encontrará entonces con un ámbito internacional fiscal y comercial diferente. Si gana el uribismo podrá bajar los impuestos y emitir para cerrar los déficits, si gana la izquierda podrá usar los argumentos de Trump para terminar con el libre comercio, pero lo más importante sería que cualquier gobierno interesado en acabar con los cultivos ilícitos podría construir una política real de restauración ecológica que ofreciera empleo a todos los habitantes del campo colombiano.

Ojalá que los equipos que asesoran a los candidatos presidenciales tuvieran en cuenta esta posibilidad y compitieran para diseñar megaproyectos de restauración que aprovecharan esta nueva situación, en la que se podría acabar con el desempleo y con las quiebras de los productores agropecuarios.

La restauración y la recuperación ecológica masiva de nuestros ecosistemas podrían al mismo tiempo convertirse en nuevos instrumentos socioeconómicos que equilibraran el impacto nefasto de los millones de narcodólares que impiden la construcción de una paz duradera. La comunidad internacional sin duda estaría interesada en financiar esta solución e inclusive en flexibilizar las normas fiscales globales que hoy la imposibilitan.

 

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