Las políticas de la Alcaldía de Bogotá parecen originadas en una “oficina de mortificación ciudadana”, la más acuciosa de la administración. Algunos ejemplos.
Se anunció la devolución de los pagos en exceso de la valorización del año 2007. El documento informa que el IDU realizó el cruce de cuentas y que la cifra que devuelven es la indicada. Entre los numerosos requisitos piden adicionalmente “fotocopia legible de la cuenta de cobro por contribución de valorización debidamente cancelada, o fotocopia legible de otro documento que acredite el pago de esta contribución”. Si la administración dice que tiene los documentos, para qué volverlos a pedir, si han pasado siete años y no todos lo ciudadanos son tan organizados en sus archivos.
Se filtró que Movilidad del Distrito y la Policía tienen como política fijar cuotas de comparendos. En una entrevista radial, una funcionaria afirmaba que la plata de los comparendos no le llegaba directamente a Movilidad, sino que se utilizaba en semaforización y otros usos; de las conversaciones no se deducía que el producido era para que se lo robaran. Las cuotas de comparendo tienen un incentivo perverso. Fijan las prioridades de Movilidad; no del bienestar ciudadano sino, por el contrario, de incentivar el ya horrible caos y aumentar así la violación de las normas de tránsito. Un indicativo de mejor cultura ciudadana no es el aumento de los comparendos sino su disminución. Este incentivo recuerda la financiación, cuando el país tenía dificultades cambiarias, de la entidad para promover las exportaciones. Los ingresos los obtenía de un impuesto a las importaciones y el gasto era para pagar subsidios a las exportaciones. Los mejores resultados económicos se daban cuando crecían las importaciones y se reducían las exportaciones. Lo contrario al objetivo.
El alcalde no dejó construir la perimetral ALO; es posible ejecutarla preservando los humedales. Tampoco dejó extender Transmilenio hasta el aeropuerto; esto le permitirá recibir un galardón como el primer alcalde de una ciudad capital con aeropuerto internacional sin transporte masivo. Orientado por la poderosa “oficina de mortificación ciudadana”, suprimió en las horas valle la línea de Transmilenio que conectaba la avenida Caracas con las universidades del centro. No construyó líneas de Transmilenio, pero cierra líneas operativas.
Los proyectos de transporte masivo por la carrera Séptima, que iban de metro liviano, buses eléctricos, trolleys y tranvías, quedaron convertidos en una línea de pintura. Las personas que quieren que el taxi los recoja en su casa por seguridad, no lo podrán hacer. Un subdirector de movilidad, en una entrevista radial, ante esta inquietud dijo: “Que usen el sistema de transporte masivo”. No respondió a qué transporte masivo existe, digamos, entre la carrera Séptima y la Circunvalar.
La eficiencia operativa de la Alcaldía queda reflejada en la obra de la calle 94, que puede demorar hasta el segundo semestre de 2015. Como comparación, casi al mismo tiempo se inició en Panamá el proyecto de ampliación del canal, obra de US$5.250 millones que estará operativa al tiempo que el paso deprimido de la 94. Con preocupación se recibió la noticia de que el puente funcional de la carrera Séptima con calle 100 será demolido. Al ritmo de ejecución, entre la demolición y la construcción del “deprimido” serán seis o más años de depresión ciudadana.
