Por: Salomón Kalmanovitz

Incongruencias

Aída Merlano fue condenada a 15 años de cárcel por delitos electorales asociados a un esquema industrial de compra de votos. Se puede concluir que al menos parte de las curules obtenidas por el partido Conservador y Cambio Radical lo fueron de manera fraudulenta, pero nunca fueron cuestionadas. Incluso la curul de Merlano fue asumida por el primero de ellos que se lavó las manos de responsabilidad en los avales concedidos.

Según Razón Pública, en la sede de las campañas de Merlano “se encontraron listados de personas con sus números de cédula, letras de cambio, recibos de caja, videos de las cámaras de seguridad, discos duros, certificados electorales con un sticker rosado que decía «gracias por tu apoyo», una contadora de billetes y una caja fuerte con la suma de $261.000 millones de pesos distribuidos en varios fajos. La red incluía al menos a 21 personas que ejercían la labor de coordinadores y operarios electorales. Funcionó en Atlántico, Bolívar y Magdalena y operaba a través de subsedes operativas para la compra masiva de votos”. A $100.000 por voto alcanzaba para comprar 2,5 millones de sufragios. Hay que aclarar que la compra de votos se da en todo el territorio nacional donde hubo además más de un millón de trasteos de cédulas. Significa que muchos políticos en ejercicio no cuentan con suficiente apoyo de los ciudadanos ni los representan.

Andrés Felipe Arias llega al país extraditado de EE. UU. y es tratado como una víctima de la persecución judicial, compensado con un tratamiento especial por la misma justicia que tanto denuncian sus copartidarios. Arias fue vencido en juicio por la Corte Suprema que lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros, y condenado estrictamente a 17 años y cuatro meses de prisión. Lo más grave es que cometió otro delito: haber huido de la misma justicia, que se castiga con penas entre cuatro y nueve años y por el cual no ha sido denunciado a la fecha. Actualmente se encuentra recluido cómodamente en un cantón militar, a pesar de que la justicia ordenó su detención en centro penitenciario. Él es solo parte de un grupo grande de funcionarios que fueron condenados por adelantar políticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Yidis Medina fue condenada a cuatro años y siete meses de prisión por vender un voto decisivo que permitió la reforma a la Constitución que le dio un segundo mandato al hoy senador. Los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y el secretario de la Presidencia Alberto Velásquez fueron condenados por cohecho a seis y cinco años de prisión. El beneficiario de sus delitos no ha recibido pena alguna, ejerció su poder sin cortapisas otros cuatro años, y su partido trata de intimidar a la justicia con plantones y anuncia su reforma para garantizar la inmunidad de sus cabezas. El “abogánster” defensor de Uribe y el propio expresidente están siendo investigados por codearse con criminales condenados para extraerles falsos testimonios contra sus enemigos, uno de 54 cargos que ha acumulado en su larga y conflictiva carrera política.

La gran conclusión de esta cadena de incongruencias es que los delitos electorales y de corrupción benefician a las cabezas de la clase política, mientras que algunos funcionarios intermedios son los fusibles, los lobitos sacrificados que limpian el pecado de los perpetradores.

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