Indiferencia

Esta semana finalmente fue publicado el informe de 2017 sobre el monitoreo de cultivos ilícitos adelantado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Su contenido pasó por los medios sin pena ni gloria, seguramente por cuanto ya no es noticia afirmar que nadamos en coca.

En todo caso, vale la pena leer el informe, en tanto no sólo contiene los datos sobre el incremento exponencial de la siembra de coca en los últimos años, sino que además está lleno de datos y cifras que en su conjunto son el relato perfecto de la desidia que el gobierno anterior tenía por el tema. El reporte es demoledor con la política oficial, y si no fuera tan diplomáticamente crítico y no estuviera lleno de logos de Naciones Unidas, podría hasta pensarse que tiene origen en cualquier pluma afilada de la oposición.

Y es que lo grave no solamente es el aumento de las extensiones de coca sembradas, sino también el incremento del 33% respecto del año anterior de las áreas productivas, esto es, aquellas que se sembraron en 2016 y que por no haber sido intervenidas se convirtieron en coca fresca durante el año 2017. Como consecuencia de lo anterior, Colombia pasó de producir cerca de 700.000 toneladas de hoja verde de coca en el 2016 a más de 930.000 el año siguiente, y la producción potencial de cocaína pasó de 1.053 toneladas a 1.379 en 2017, con un incremento del 31 %. Para empeorar la situación, la mayor producción no significó una reducción proporcional de los precios y el incremento del 30 % en productividad no logró sino reducir en un 11 % el precio del clorhidrato de cocaína. Para que lo anoten, la ONU estima que la producción potencial de cocaína en Colombia alcanza en el mercado nacional los US$2.700 millones. El precio de la coca en el mercado local de los diez municipios más afectados por la siembra casi que duplica el valor de los presupuestos sumados de estas entidades territoriales, y los departamentos de Nariño (45.735 ha) Putumayo (29.589 ha) y Norte de Santander (28.244 ha) superan la totalidad de coca sembrada en Bolivia (24.500 ha) en 2017. El 80 % de la coca está donde ha estado en los últimos años y el 32 % está sólo en cinco municipios: Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo y El Charco. No se salvan ni los parques naturales, ni las comunidades negras, ni las fronteras ni los territorios indígenas. Es probable, pues, que no haya habido nunca ni vaya a haber en el futuro un negocio ilegal que creciera tanto y tan rápido, con tales rentabilidades y en medio de tanta indiferencia como el de la coca en Colombia en 2017.

¿Y qué fue lo que pasó? El informe lo dice claro y sin ambigüedades: “Los datos del monitoreo indican que en las zonas donde se desarrollaron acciones de control de cultivos de coca (erradicación forzosa o voluntaria), los cultivos bajaron 11 %. Sin embargo, esta intervención sólo se logró en el 14 % del territorio afectado”.

Menudo problema. Desmontaron lo que había y propusieron una estrategia que no ejecutaron. Dejaron las hectáreas y la productividad multiplicadas y de contera todas sus consecuencias: la corrupción, las armas, las bacrim, los homicidios a líderes sociales, la deforestación y todas las demás. Queda claro que no hay peor política oficial que la que no se hace.

@NicolasUribe