Por: Carolina Botero Cabrera

Informe del Congreso de Canadá sobre derecho de autor

Canadá anunció en diciembre de 2017 los planes para reformar su ley de derecho de autor y delegó en el Comité de Industria, Ciencia y Tecnología de su parlamento el análisis de la situación. El informe del Comité ha sido recientemente recibido con elogios por expertos. Sus recomendaciones valen para nuestros legisladores y hacedores de política pública que, desde 2011, cuando se archivó la primera Ley Lleras, tienen pendientes en esta área.

Aunque el documento canadiense toca muchos temas, me detengo en el análisis que hace el Comité al bloqueo y retiro de contenidos de internet.

Desde la década del 90, la industria del entretenimiento presiona por tener sistemas rápidos para controlar contenidos en internet que consideran piratas. En el modelo actual, cuando alguien reporta en una plataforma (como YouTube o Twitter) un supuesto contenido infractor, la plataforma bloquea el contenido y le notifica a quien lo subió que puede reclamar si cree que esto es un error. Pero las trabas son muchas. La mayoría de las personas que han recibido este tipo de notificaciones no reclaman, por lo que los contenidos quedan bloqueados. El proceso es más sencillo para quien se queja que para quien se defiende. Adicionalmente, si hay reincidencia, la cuenta de la persona puede ser suspendida o retirada.

El modelo para hacer esto se aprobó legalmente en Estados Unidos mediante el Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de 1998. Este modelo ha sido criticado ampliamente por varias razones, sobre todo porque se convierte en un incentivo legal muy efectivo que pone en manos de los intermediarios el control de los contenidos y puede afectar la libertad de expresión. Los intermediarios que no implementen el sistema son corresponsables por la posible infracción. Esto los lleva a ser extremadamente efectivos con el retiro y los desincentiva a proteger la libertad de expresión de las personas que usan sus plataformas.

A pesar de las críticas, usando los tratados de libre comercio (TLC), Estados Unidos ha expandido el mecanismo por el mundo. Sin hablar que la medida ya es global puesto que las grandes plataformas son de Estados Unidos y por tanto cumplen con las leyes de ese país.

Ahora bien, las críticas han hecho que, aunque se convierte en una obligación comercial (TLC), el mecanismo no siempre se ha copiado y pegado en todas partes, de hecho, se han hecho ajustes y ahora hay otros modelos. Países como Canadá ajustaron crearon una alternativa que se llama “notificación sin retiro”. En su modelo, se da espacio para que las personas respondan la queja antes del retiro del contenido y les dan un rol a los jueces en el proceso. La presión actual de Estados Unidos y la industria consiste en insistir que la solución canadiense no es suficiente.

El informe hace un detallado análisis de los diferentes modelos para cuestionar los que no permitan responder las quejas antes de que suceda el bloqueo del contenido; es decir, respalda modelos como el canadiense. Señala también que cualquier mecanismo que se adopte debe incluir la revisión judicial. De hecho, rechaza expresamente que se creen instancias de control de piratería mediante sistemas administrativos, como propuso la industria en ese país en 2018.

Con este análisis, el Comité toma posición frente a tendencias legislativas de bloqueo y retiro de contenidos que son restrictivas de la libertad de expresión. Esto no es menor. Como ya dije, Canadá no solo enfrenta la actual presión de su principal socio comercial, Estados Unidos, y de la industria, sino que pronto enfrentará una tendencia más restrictiva que viene desde Europa.

Con la aprobación de la reciente directiva europea de derecho de autor, está haciendo carrera que la solución será la implementación de filtros automatizados de carga de contenidos a internet. Es decir, ya ni siquiera esperarán a que el contenido esté en línea para solicitar el retiro, sino que mediante robots las plataformas deberán activamente identificar posibles contenidos infractores y evitarán su publicación. Este modelo es más agresivo que el existente. Por eso, las propuestas del Comité canadiense de fortalecer el debido proceso y exigir la participación judicial son un importante antídoto contra estas tendencias legislativas.

¿Cómo podemos leer este documento en Colombia? Estados Unidos nos presiona para tramitar de nuevo la “Ley Lleras”. En el mejor de los casos, lograremos resistir el modelo de “notificación y retiro” por una versión criolla que atienda los deberes legales y nuestros compromisos de TLC. Sin embargo, incluso si tenemos éxito en moderar el modelo, nos dirán que esto no basta, que el camino es el de la directiva europea.

Lo malo es que, a diferencia de Canadá, acá, ni el Gobierno ni el Congreso han usado los últimos ocho años, desde que el entonces ministro Vargas Lleras presentó la primera versión de ley, para analizar el impacto de los bloqueos y retiros de contenidos. No hay informes sobre los diferentes modelos. No hay informes que ofrezcan rutas de política pública.

Puede encontrar una versión más larga de esta columna para ver otros temas del informe en el blog de Karisma.

 

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