Inquietudes

José Fernando Isaza
21 de noviembre de 2018 - 09:20 p. m.

La ley de financiamiento parte de la hipótesis de que al reducir el nivel de impuestos a las empresas, estas aumentan la inversión y el empleo, y se crea así un círculo virtuoso. La experiencia industrial muestra que esto no es necesariamente cierto. La principal motivación para el aumento de la capacidad de producción es el crecimiento de la demanda. Algunas actividades productivas están en niveles de saturación y no tienen planes de expansión, por lo cual la elasticidad a la reducción de impuestos es cercana a cero. La rebaja impositiva se traduce, en muchos casos, en mayores remesas de utilidades al exterior.

La hipótesis actual es similar a la esgrimida cuando el Gobierno redujo los recargos por trabajo nocturno y horas extras diciendo que se reactivaría el empleo. Esto no ocurrió. Luego, cuando la demanda se intensificó, el empleo aumentó en el sector informal. Se golpeó a los sectores más vulnerables: celadores, conductores, empleadas del aseo, etc., para hacer crecer las utilidades empresariales. Algunas instituciones, como el Grupo Empresarial Antioqueño y Mazda Colombia (CCA), no aplicaron esta reducción pues consideraron que era inequitativa.

Otro factor que define los niveles de producción es la tasa de cambio. Los elevados precios de los productos mineros y energéticos incentivaron crecimientos del gasto público, no se ahorró y la revaluación destruyó parte del aparato productivo. Teóricamente, puede ser más favorable buscar que la relación impuestos pagados por los empresarios-impuestos pagados por los particulares decrezca, pero es difícil aceptar aumentos significativos de los impuestos a la clase media y alta para bajar los impuestos a los grandes conglomerados. Es bueno recordar que, según el DANE, una familia con ingresos superiores a $1,8 millones pertenece a la clase media y son ricos los hogares que tienen ingresos mensuales superiores a $4,4 millones.

La propuesta de ampliar la base del IVA a toda la canasta familiar tiene un componente exótico. Si el problema es cuadrar el presupuesto, ¿por qué reducir las tarifas actuales? No aparecen en el proyecto de ley las promesas del entonces candidato: reducción de impuestos y decretar seis días sin IVA. En realidad, sí hay propuestas de reducción de impuestos, pero no a los ciudadanos sino a las grandes empresas. Analistas económicos estiman que el impacto sobre la inflación de gravar la canasta familiar estaría entre tres y cinco puntos porcentuales, lo que equivaldría a duplicar la inflación prevista para 2019. Adicionalmente al golpe al consumo, el Banco de la República podría subir la tasa de interés para controlar este desborde inflacionario. Dos condiciones perfectas para destruir la incipiente recuperación económica. Por otra parte, cobrar IVA en las plazas de mercado por frutas, legumbres, huevos, carne etc., parece improbable. En estas condiciones puede ocurrir que el diferencial de precio entre la plaza y un almacén formal, que hoy es alto, se dispare y motive un alza de precios en las plazas, alegando un IVA que no pagan. El fisco que queda con el pecado y sin el género.

Gravar las pensiones viola el artículo 48 de la Constitución: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a las pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.

 

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