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El Gobierno anuncia la presentación de su tercera reforma tributaria; una reforma anual es un récord que ningún país serio ha logrado. Más sorprendente es el destino de los recursos. Si bien el discurso oficial habla de destinar el ingreso adicional a reducir los niveles de deuda pública y aumentar las magras transferencias a los sectores vulnerables, la realidad es otra.
Se anuncia la renovación de la flota de aeronaves de combate con la compra de 24 aviones de guerra por valor de US$4.000 millones, equivalentes a $14,4 billones (¡14 millones de millones!), lo cual representa el 1,3 % del PIB, cifra comparable al estimativo de los recursos que se obtendrían gravando los artículos de la canasta familiar y aumentando los impuestos a las clases medias.
Para mantener la coherencia de las declaraciones del ministro de Defensa, puede proponerse que la compra y la operación de estos artefactos quede a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues, en efecto, esta entidad protege a los menores de edad, aunque no logra impedir que los bombardeen. Ya que el mindefensa afirma que los niños son máquinas de guerra, como los aviones también son máquinas de guerra deben quedar bajo la misma jurisdicción administrativa.
En medio de la peor crisis, con una pandemia que no cede y una economía golpeada, pensar en aumentar los impuestos para destinarlos a la compra de armamento es una afrenta a una sociedad adolorida y golpeada anímica y económicamente.
Otra muestra del divorcio entre los requerimientos de la sociedad y las prioridades del Gobierno es la “reforma a la Policía”. La sociedad pide a gritos un cuerpo policial en el cual confiar, que los proteja y respete los derechos humanos, que no torture ni asesine a ciudadanos inermes, que apague los incendios que se presenten con personas detenidas, que respete las movilizaciones pacíficas, etc. Pero la decisión del Gobierno fue cambiar el diseño de los uniformes. Es de esperar que incluyan en el pedido el correspondiente para el jefe de Estado. Así no desentona cuando vaya a felicitar a los miembros de la institución por la “actitud gallarda” demostrada el día que torturaron y asesinaron a un ciudadano y luego dispararon armas letales que mataron a 13 civiles, la mayoría de ellos ajenos a las movilizaciones desencadenadas por la brutalidad policial.
El monopolio legítimo del uso de armas por parte de las Fuerzas Armadas les impone un comportamiento estricto de respeto a la ley. Hay que recuperar el prestigio de la Fuerza Pública. Esto solo se logra con la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición de actos de barbarie, como el asesinato de 6.402 civiles desarmados. La actitud del presidente y del comandante del Ejército se aleja de la búsqueda de una necesaria reconciliación. El mensaje confuso del comandante de llamar “víboras” a los magistrados de la JEP que investigaron estos dolorosos hechos va en la dirección incorrecta. La explicación tardía al decir que no se refería a los magistrados no fue convincente, como sí lo fue el pesar demostrado meses antes por el fallecimiento del segundo mayor asesino de la historia en Colombia. La presencia del presidente en un acto militar imitando el grito de guerra del comandante del Ejército se puede interpretar como un respaldo a sus acciones, que incluyen bombardeos donde hay menores de edad, víctimas, no máquinas de guerra.
