Isapetrol

Desde el punto de vista fiscal, la transacción de compra de la participación del gobierno en ISA por parte de Ecopetrol sin duda tiene ventajas. Al ser el comprador de propiedad del Estado, se puede hacer una transacción directa, sin tener que pasar por el tortuoso camino legal y político de la Ley 226, que reglamenta las privatizaciones en el país. Adicionalmente, al no haber cambio de beneficiario real —el gobierno nacional, en últimas, seguiría siendo el dueño controlador de ISA, ahora a través de Ecopetrol—, no sería necesario lanzar una oferta por las acciones de los otros accionistas de ISA, lo cual reduce los requerimientos de capital para poder hacer la transacción.

Este, el fiscal, pareciera ser el punto más importante para el gobierno en este momento. Y para justificarlo se ha mencionado que esta transacción aporta a la estrategia de Ecopetrol de profundizar su transición energética, y el gobierno ha dicho que se crearía uno de los conglomerados energéticos más importantes del mundo. Sin embargo, la transacción genera dudas que son importantes resolver.

Si de transición energética se trata, esta se da es en la fuente de generación de energía eléctrica y en el uso final de combustibles fósiles, no en eslabón de la transmisión. De lo que se trata es de ir sustituyendo fuentes no renovables en generación —como el carbón— por fuentes renovables como el viento, el sol y el agua, y de sustituir la gasolina y el diésel en transporte por fuentes eléctricas. Y la regulación actual impide la integración de la transmisión con esta otra actividad energética, por lo que Ecopetrol se estaría de cierta forma inhabilitando para hacer una transición energética profunda a nivel de generación o del usuario final.

ISA ejerce una función importante dentro del mercado eléctrico a través de XM, la subsidiaria de la compañía que se encarga de administrar el despacho eléctrico y administrar las transacciones y liquidaciones del mercado eléctrico. Muchos han sugerido que es necesario escindir XM de ISA antes de la transacción con Ecopetrol, y que el gobierno debe mantener su control.

Adicionalmente, ISA ha desplegado una importante inversión en concesiones viales en Colombia y Chile, incursionando en negocios de infraestructura lineal distintos a la transmisión. Ecopetrol, a su vez, también es inversionista importante en infraestructura lineal a través de Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos. ¿Habrá una integración a la vista entre ISA y Cenit? ¿Se mantendrá el negocio de concesiones viales?

Finalmente, está el tema del crecimiento. Hasta el momento ISA no ha tenido que competir por recursos de capital para ello. ¿Se priorizará la inversión en el upstream o en la transmisión eléctrica? ¿Se crecerá orgánicamente nada más, o seguirá la estrategia de adquisiciones que ISA había venido implementando? ¿La consolidación de la deuda de ISA en Ecopetrol pesará a la hora de crecer? ¿Los proyectos de expansión de transmisión sufrirán de la misma suerte que los proyectos, digamos, de fracking, por el hecho de tener ahora la sombrilla de Ecopetrol?

Para los que quisiéramos ver un Estado cada vez menos empresario, se desaprovecha una oportunidad de oro para que el gobierno nacional salga de sus participaciones empresariales. ISA es una compañía que probablemente atraería interés de jugadores privados internacionales serios, potentes económicamente e idóneos para manejar una compañía como estas. Ojalá el afán por resolver el tema fiscal no dé al traste con lo ganado en una de las compañías que más valor han generado durante los últimos años en Colombia.