Jineth y los lobos

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Hay un principio para entender al Estado colombiano: nunca deja de desconcertar. Dentro de sus entrañas pululan burócratas sin hígados, militares inescrupulosos (también asesinos) y políticos de vieja data que buscan perpetuar el mismo sistema que les ha sido tan útil para robar, reproducirse y escamotear de manera impune la voluntad popular.

Uno de esos burócratas astutos y acostumbrados a navegar por los meandros del poder se llama Camilo Gómez, el director de la llamada Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Él fue el artífice de la recusación a seis de los siete magistrados que, de manera por supuesto conmovida y solidaria, escucharon el testimonio de la periodista Jineth Bedoya Lima en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No podía ser más hondo el contraste entre las partes. La dignidad, entereza y valor de Bedoya —una mujer destruida primero por sus verdugos y después revictimizada por las “autoridades” colombianas— sobresalieron durante todo su testimonio, pero algunas de sus palabras sin duda pasarán a la historia: “Ser la voz de alguien es una responsabilidad muy grande, pero potenciar la voz de alguien es el mayor honor que como ser humano uno pueda tener, una gran oportunidad de hacerle ver a un Estado que el dolor se puede transformar, que es difícil perdonar, yo no sé si pueda perdonar completamente, pero entendí en todos estos años que podía transformar el dolor, porque eso cambia, eso salva vidas”. Pero ese Estado no quiere salvar nada distinto que su propio pellejo o, mejor, el pellejo de los que representa y busca proteger de situaciones incómodas, como la indolencia, la crueldad, la indiferencia ante el dolor de las víctimas y lo peor: la profunda complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos o permitidos por sus agentes.

Por eso la reacción de Gómez fue tan despreciable como hipócrita. Quiso congraciarse con la víctima, dejar en claro que entendía su dolor y que reprobaba las agresiones que había sufrido la hoy editora de El Tiempo, pero con la otra mano disparaba el que buscaba ser tiro de gracia: denunciar la falta de garantías y de objetividad de la mayoría de los jueces, acusarlos de parcializados y, por lo tanto, decretar que estaban impedidos para juzgar el caso. Deslegitimar la Corte bajo el torcido argumento de que, en tales circunstancias, las afectadas eran las víctimas.

Como era de esperarse, por lo endeble de sus argumentos, la CIDH rechazó el pedido del Estado colombiano y, por lo tanto, el juicio continúa.

Pero el modus operandi de quienes han regentado, defendido o, por lo menos, administrado la violencia en Colombia quedó al desnudo ante la comunidad internacional, como nunca había pasado con la llamada “democracia más antigua del continente”. Los voceros del poder no quieren reconocer sus culpas, se niegan sin atenuantes a que salga a la luz la espesa y sangrienta trama que han manipulado por tantos años, al antojo de sus muy personales ambiciones de dominio político y económico. Saben que cualquier fisura puede convertirse en un boquete por el que salga, incontenible, la verdad de tanto dolor.

Pero es que el problema no es por el pasado, sino por el presente. Por que la estrategia de ayer es la misma de hoy. Los mecanismos de impunidad siguen intactos y permiten que la máquina de exterminio actúe sin problemas, a la luz del día, delante de todo el mundo. Apenas el pasado miércoles hombres armados asesinaron a María Bernarda Juajibioy y su nieto de un año de vida. Ella era la alcaldesa del Cabildo de Orito. Las víctimas eran indígenas del pueblo kamentsá, de Putumayo.

“Nos están exterminando ante el silencio cómplice del gobierno de Iván Duque”, denunció, en un trino, la Organización Nacional Indígena. Complicidad, silencio y también olvido son la apuesta de quienes han manejado los hilos del poder en los últimos 40 años de recrudecimiento sin límite de la violencia.

El truco les ha funcionado, a pesar del estupor internacional y los consuetudinarios jalones de orejas de algunos congresistas de Estados Unidos que denuncian violaciones de derechos humanos por parte de “unidades” o “brigadas” del Ejército, pero nunca la acción llega al fondo del problema. Les ha funcionado, además, porque por lo general caen los autores materiales pero muy pocas veces los intelectuales. Los cerebros, los que dan las órdenes, los que aceitan la estrategia con perversa eficacia y precisión siguen ahí, sembrados dentro y fuera del Estado, en una larga relación de mutua conveniencia.

A Gómez, pues, le salió su tiro de gracia por la culata. Sigue en pie el juicio que busca responsabilizar al Estado por las amenazas, agresiones y la violencia sexual de las que ha sido víctima la periodista. ¿Qué tan lejos llegará la CIDH y qué disposición hay en el Gobierno de aceptar sus fallos?

Como bien lo dijo Jineth Bedoya, “la violencia sexual en el conflicto armado es una pandemia”. Con seguridad su denodada lucha salvará vidas, pero también es claro que no bastará la presión extranjera para que den la cara los responsables de esta guerra sucia que no termina. Sólo será posible cortarla de raíz cuando una mayoría entienda que sufrir no es su destino, ni está escrito en su frente, como una fatalidad. Que es necesario, urgente, desenmascarar a los responsables y buscar que haya justicia. Y esa es una decisión moral y política. Jineth ha dado un gran paso: rechazar una y otra vez el el silencio. Y enfrentar a esos lobos que buscan, cuando se ven perdidos, enredar a sus víctimas.

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