Jugar con fuego

Como ha sucedido en las últimas cinco campañas presidenciales, el senador Álvaro Uribe volverá a influir, directa o indirectamente, en la contienda que se avecina para elegir al sucesor del presidente Duque. Esta se anticipó por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictarle medida de aseguramiento domiciliario a Uribe mientras se resuelve su situación jurídica y termina el proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Las posiciones que asuman los sectores políticos y el propio Gobierno frente a esta y otras determinaciones que van a tomar los jueces incidirán en una reconfiguración del mapa político.

Las reacciones que estas decisiones han generado son una muestra más de la profunda polarización que vive el país y de los riesgos que ello conlleva. Por un lado, se ha puesto en evidencia que para algunos sectores las decisiones judiciales son buenas cuando se ajustan a sus expectativas y no lo son cuando consideran que los perjudican. En este sentido, contrasta la aprobación y el respaldo de los miembros del Centro Democrático a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de concederle la segunda instancia al exministro Andrés Felipe Arias con los intentos de deslegitimar la determinación de esa misma Corte sobre el caso del expresidente Uribe. Esto sí es politizar la justicia.

Por otro lado, la polarización se convierte en un terreno fértil para proponer cambios estructurales a la medida de algunos intereses o sectores políticos y para intentar revertir decisiones que no son de su agrado. Ya lo vivió el país cuando se reformó la Constitución para permitir la reelección del entonces presidente Uribe, lo que a la postre se logró a pesar de la llamada yidispolítica, o cuando se intentó, esta vez infructuosamente, promover un referendo para permitir su segunda reelección.

Sin duda la justicia en Colombia tiene problemas graves y su legitimidad y credibilidad están debilitadas. De tiempo atrás se ha evidenciado un consenso sobre la necesidad de aprobar una reforma que permita mejorar su efectividad y su eficiencia y blindarla de la corrupción, que tanto daño le ha causado. Y sobre todo garantizar su independencia de las otras ramas del poder, de intereses partidistas y de favorecimientos personales. Ejemplos como el de Venezuela, que no es el único, nos muestran que cooptar la justicia para ponerla al servicio del gobierno es un golpe mortal para la democracia.

Desconocer o pretender manipular las decisiones de la justicia e incitar a que otros lo hagan debilita la institucionalidad y pone en riesgo el Estado de derecho. Son igual de peligrosas e incendiarias las declaraciones de miembros del Centro Democrático cuando afirman que la decisión de la Corte sobre Uribe es parte de una ofensiva final de los enemigos de la democracia o sus llamados a las reservas de las Fuerzas Armadas a defender la patria, que la invocación a la desobediencia civil que hizo hace unas semanas el senador Gustavo Petro, aduciendo que la justicia y el Congreso están cooptados. Este no es el momento de jugar con fuego. Atizarlo puede tener consecuencias impredecibles.