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EN FEBRERO DE 2007 DOS CIUDADAnos presentaron una acción popular contra Bogotá con una millonaria pretensión de más de $40.000 millones por el recaudo de multas de tránsito.

Este proceso cayó en segunda instancia, el 13 de febrero de 2009, en el despacho del entonces magistrado del Tribunal de Cundinamarca doctor William Giraldo Giraldo.

El magistrado Giraldo pide a las partes los alegatos de conclusión el 28 de abril, el expediente entra a su despacho el 29 y presenta su proyecto de sentencia condenatoria el 30 de abril.

Ante el salvamento de voto del doctor Luis Manuel Lasso, quien consideró que no procedía una acción popular, el doctor Giraldo ese mismo 30, siendo las 2 p.m. rifa la designación de un conjuez y escoge a la doctora María del Pilar Espinosa, quien se posesionó en la tarde del 30 de abril  y, en un par de horas, sentenció.

Resulta exótico que en menos de tres horas (pues el Tribunal cierra a las 5 p.m.) la señora Espinosa se posesionó, se estudió un expediente de 700 folios, valoró las pruebas, redactó y profirió una sentencia que obliga a Bogotá a pagarle a la Federación de Municipios más de $40.000 millones. (Que indexados son $80.000). Curioso resulta además que no le hayan notificado a las partes sobre la designación de la conjuez.

Cuál no sería su afán que en su sentencia Giraldo y Espinosa confirman “la sentencia del 16 de febrero de 2009”, (sentencia que no existe), pues la que pretendían confirmar era una sentencia del 19 de diciembre de 2008 proferida por el juzgado 35 administrativo. ¡No agarraron ni la fecha!

Extravagante resulta también el afán del magistrado Giraldo para decidir tan rápido, pues casualmente ese mismo 30 de abril era su último día en el Tribunal, ya que al lunes siguiente, el 4 de mayo, se posesionaba en el Consejo de Estado. En un país en donde los procesos duran a veces más de 10 años, ahora resulta que el doctor Giraldo y su conjuez, la doctora Espinosa, profieren sentencias express en menos de tres horas, incluyendo en ese lapso la designación, posesión de la conjuez y la sentencia.

Tan todo esto resulta sospechoso, que la propia Procuraduría General de la Nación ha sostenido que esta sentencia express es ilegal, posición que además ha sostenido desde el inicio del proceso en febrero de 2007, lo que debería llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación, al igual que el manejo de dineros públicos que está haciendo la Federación de Municipios que dispone a su antojo miles de millones de pesos que provienen del recaudo de multas de tránsito, por una ley que expidió el Congreso supuestamente para fortalecer los ingresos de los municipios, cosa que no está pasando gracias a la justicia express.

Notícula.- Me temo que alias ‘El Indio’ y el señor Felipe Sierra podrían ser inequívocos difuntos debido a que el cuestionado juez 5 penal municipal los sacó de la cárcel. Eso me recuerda a César Villegas y alias ‘JOB’. ¡Nada pasa por casualidad!

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