Por: Hernando Gómez Buendía

Justicia para Uribe

Al Capone asesinó a mucha gente, pero lo condenaron por evasión de impuestos.

Con esto no quiero decir que el expresidente y senador Álvaro Uribe sea (o no sea) un criminal, sino que el derecho penal es una forma muy parcial y muy particular de la verdad. Lo que hacen los abogados es tomar pedacitos de la vida real y encajonarlos en un lenguaje técnico, con unas reglas y unos criterios de prueba muy precisos (aunque en Colombia no sean tan precisos).

En este caso se trataría de la manipulación de testigos, un delito contra la administración de justicia previsto en el Título XVI del Código Penal: quien “intimide u ofrezca dinero u otra recompensa… a testigos, peritos o intérpretes… será castigado con (pena de prisión)…”. ¿Pero acaso no es legítimo buscar personas, inclusive en las cárceles, que puedan declarar en favor de uno? ¿Dónde está el límite entre este derecho y la intimidación o el soborno del testigo, más todavía cuando el interesado es un político influyente?

Esta es precisamente la cuestión que debe decidir la Corte y que depende del criterio de magistrados con nombres y apellidos. El suyo es un criterio presuntamente imparcial pero también inevitablemente subjetivo. La justicia absoluta no existe ni existirá jamás sobre la Tierra. Por eso entre los abogados no existe la verdad, sino tan solo la verdad judicial.

También resulta que Álvaro Uribe tenía por lo menos 276 acusaciones o investigaciones penales por cosas que van desde la complicidad en masacres hasta el soborno de congresistas para hacerse reelegir, pasando por las chuzadas del DAS o la piñata de títulos mineros. Casi todos estos cargos duermen en la Comisión de Acusaciones, y algunos de ellos reviven de cuando en cuando en los juzgados o en las redes sociales.

El caso es que esta vez la cosa cayó en manos de la Corte por puro rebote, es decir, porque la Corte estaba investigando al senador Cepeda. El cargo número 277 podría acabar en cárcel para Uribe, en vez, digamos, del cargo número 7 o el 152, cuyas penas podrían ser más graves o más leves. Es como dicen las madres del niño desobediente, “si no es por esta, es por otra”.

No sé y no creo yo que la Corte —ni ningún otro juez o tribunal penal de aquí o del exterior— condene alguna vez a Álvaro Uribe. Por imparcial que fuera el juicio, por convincentes que fueran las pruebas, sería una humillación para el país que lo tuvo como un ídolo.

Por esto último no prosperó ni habrá tampoco un juicio de responsabilidad política contra Uribe. No un juicio acerca de delitos tipificados en el Código Penal, sino acerca de sus actos como gobernador, director de la Aeronáutica, presidente obsesionado con extirpar a las Farc y jefe del partido que defiende todas las formas de lucha contra la subversión.

Este sería un juicio contra los millones de colombianos que votaron por él y cerraron los ojos sobre sus medios para acabar con las Farc, así tantos de ellos se laven las manos y las encuestas digan que hoy no es tan popular.

Queda la justicia histórica, o el escrutinio completo y desapasionado de la carrera pública de Uribe, las razones que lo llevaron a ídolo, lo que logró desde el poder y la manera como lo logró. Esa será la justicia para Uribe.

Esa también será la verdad sobre Colombia, o sobre el tramo de la historia que Colombia le confió a Álvaro Uribe.

* Director de la revista Razón Pública.

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2019-09-29T00:00:02-05:00

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